"Estamos en nuestras casas, pero están expropiadas. De las nuevas no se sabe nada". Con ese resignación se muestra Juan Manuel Santana, uno de los vecinos de Tíncer que espera desde hace más de 12 años por que el Ayuntamiento de Santa Cruz defina la reposición de sus viviendas.

Las suyas fueron expropiadas -o, al menos, se firmó el documento- durante uno de los gobiernos de Miguel Zerolo para construir en su lugar viales y rotondas, infraestructuras que aún no se han realizado. Es más, los vecinos siguen residiendo en sus casas. Y parece que lo seguirán haciendo durante bastante tiempo, porque el asunto parece complejo de resolver.

La última respuesta municipal al respecto, fechada el pasado 7 de junio, aclara que, si bien consta que durante el proceso de revisión del Plan General se negoció con los interesados la posterior incorporación como convenio urbanístico, del principio de acuerdo al que se había llegado con los mismos, "lo cierto es que no fueron incluidos en la posterior aprobación del nuevo y actualmente vigente PGOU-2014".

La respuesta añade, además, que con fecha de 10 de abril de 2015, el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo adoptó un acuerdo relativo a la aprobación de las cláusulas tipo que servirían como base de negociación con los convenios urbanísticos que pudieran suscribirse con los afectados, en desarrollo del PGO, "si bien debe advertirse, desde una perspectiva práctica, que tales convenios urbanísticos no fueron firmados".

Se refiere Urbanismo al acuerdo que, siendo concejal del área el socialista José Ángel Martín, se firmó el 17 de abril del año pasado con los afectados. Entre otras cuestiones, el convenio obligaba al consistorio a consignar en 2016 una primera anualidad de 845.000 euros para afrontar la construcción de las nuevas diez viviendas.

Es más, Martín dijo también en ese momento que la firma del convenio otorgaba a los vecinos el derecho a reclamar en los próximos años la ejecución de las obras. Fuentes de la Gerencia consultadas ayer aseguraron que en las cuentas de este año no existe partida presupuestaria al respecto.

No obstante, la complejidad del asunto no termina ahí. Según figura en la misma respuesta que dio Urbanismo en la última Comisión de Control, iniciados los contactos con los afectados a fin de dar curso a la tramitación de los convenios, "pudo constatarse la deficiente acreditación de la propiedad por parte de los interesados".

Por ello, la Gerencia espera ahora que se aporte la documentación correspondiente con el objeto de "posibilitar" la continuidad de la tramitación de los trámites administrativos precisos.

"Una vez solucionado esto se podrá resolver y firmar el convenio, o buscar la fórmula que se considere más oportuna", aclaró el concejal de Urbanismo de la capital, Carlos Garcinuño.

Varios vecinos consultados ayer remarcaron que, tras más de una década, algunas de las viviendas están bastante deterioradas porque sus propietarios optaron por no conservarlas al tener la certeza, equivocada de momento, de que acabarían siendo destruidas en poco tiempo.

Las nuevas, cuando se construyan, irán en una parte de un solar municipal situado enfrente del colegio del barrio.