El 9% de los 7,1 millones de turistas internacionales que visitaron España en mayo optaron por el alquiler turístico como opción de alojamiento vacacional, ha informado el despacho de abogados Sanahuja Miranda.

Debido a que este sector suma una mayor oferta que el sector hotelero, el ''buffete'' de abogados ha afirmado que existe la necesidad de establecer una legislación que permita "la homogeneización de las distintas modalidades de oferta" en aras de que esta sea "legal en todos los casos".

En los últimos dos años, el alquiler vacacional entre los españoles ha aumentado en tres millones de turistas, un 62,5% más. La vivienda turística acumula ya el 36% de los viajes de vacaciones y ocio en España.

En un comunicado, el despacho de abogados ha hecho referencia a los datos de Exceltur donde afirman que de no regularse esta actividad, el sector turístico puede dejar de generar a la economía española unos 2.250 millones de euros adicionales, 39.800 empleos y 742 millones de euros en ingresos fiscales en el periodo 2015-2018.

IR A LA PAR CON EUROPA.

"Europa tiende a unificar los requisitos y aquí la moda es restringir", ha denunciado el abogado de Sanahuja Miranda, experto en derecho inmobiliario, José María Peyra.

También ha añadido que mientras la Unión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abogan por "aligerar" la normativa, las autonomías españolas exigen cada vez más requisitos de alquiler turístico.

En esta línea, Cataluña, Andalucía, Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias y Aragón ya cuentan con una regulación en activo, si bien es cierto que cada una contiene sus propios ritmos y matices.

Por su parte, Madrid trató de imponer "sin éxito" un mínimo de cinco noches seguidas de alquiler y en Cataluña ya se han iniciado conversaciones con los agentes implicados para poner bases de una nueva ley, que podría aprobarse en el segundo trimestre de 2017.

"La condición que no varía con independencia de la comunidad autónoma en la que nos encontremos es el pago de impuestos sobre los beneficios", ha señalado Peyra.

Asimismo, propone que deben definirse "claramente" entre el periodo que la vivienda está alquilada y en la que está disponible para el propietario y que será necesario cobrar el IVA dependiendo de si prestan o no servicios accesorios.