Canarias contará con una nueva ley de servicios sociales treinta años después de que se aprobara la primera. El borrador del proyecto de ley, presentado ayer por la vicepresidenta del Gobierno regional, Patricia Hernández, contempla la creación de un catálogo de prestaciones, una historia social única asociada a una tarjeta personal y un observatorio para evaluar la eficacia de los servicios. El reto es ambicioso: pasar del asistencialismo a los derechos.

La intención de la Consejería es que el texto definitivo se eleve al Consejo de Gobierno en octubre, en lugar de en septiembre, y a continuación pase a ser discutido en el Parlamento autonómico. Este retraso de un mes es para que los participantes en la redacción de la norma -tercer sector, ayuntamientos, trabajadores sociales- puedan presentar sus enmiendas.

La también consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda aseguró que la norma será realista y llevará aparejada una memoria económica. Una partida importante se destinará a la creación de una base de datos donde se recoja la situación de cada usuario. De esta forma, los ciudadanos no tendrán que repetir su historia una y otra vez a distintos trabajadores sociales. Además, se impulsará la ventanilla única de acceso y el profesional de referencia, es decir, el trabajador que atienda a cada persona será siempre el mismo (a no ser que el destinatario pida un cambio) y se podrá solicitar una segunda opinión si no se comparte el diagnóstico inicial.

"Todos, en algún momento de nuestras vidas, usaremos los servicios sociales. Tenemos que abandonar esa idea de que los servicios sociales son solo para gente desfavorecida", apuntó Hernández. Ese cambio de concepción y la creación de un sistema "que acabe con el caos actual", unido a la regulación de las responsabilidades que tiene cada administración que presta servicios, agilizará la adjudicación de ayudas.

"La ley anterior fue una norma muy moderna cuando se aprobó, pero ya han transcurrido más de 30 años. Ya es hora de que tengamos un sistema canario de servicios sociales", dijo.

Por último, Hernández apuntó que con esta ley, la del tercer sector y la que incorporará las cláusulas sociales a los contratos públicos, "se están poniendo en hora" los servicios sociales del Archipiélago. "La situación, aunque haya mejorado algo, sigue siendo mala".

Transferencia de competencias y presupuesto

Según el borrador del anteproyecto, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, y previo acuerdo de las comisiones mixtas de transferencias, "los cabildos que aún no lo hayan hecho deberán asumir las transferencias de competencias en materia de servicios sociales, que estaban previstas en la Ley 4/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias". Sobrepasado ese plazo, si la transferencia no se ha materializado, la Comunidad Autónoma "limitará su aportación a la financiación de servicios prestados por esos cabildos a las materias contenidas en los correspondientes

decretos de delegación de competencias, en tanto esa situación se mantenga".

Sanciones: de 300 a 30.000 euros

La norma también contempla un apartado de sanciones para quienes vulneren los derechos y obligaciones detallados en la ley. En función de la gravedad de las infracciones, las multas oscilarán entre los 300 y los 30.000 euros. La finalidad es corregir los errores y asegurar el buen funcionamiento del sistema.