José Manuel Mosquera, también conocido como "príncipe de Champdor" e integrante de la Orden Bonaria, que se presentaba como Iosephus Emmanuel III, está condenado a cinco años de prisión como autor de los delitos de estafa y falsificación documental. Así consta en una sentencia conocida ayer, por la que un tribunal de la Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, presidida por el magistrado Joaquín Astor Landete, considera probado que Mosquera y seis hombres más se pusieron de acuerdo para engañar y quedarse con dinero de siete empresarios tinerfeños. La esposa de Mosquera y otro acusado fueron absueltos.
A las víctimas se les ofrecieron formas de financiación con muy altos rendimientos, a sabiendas de que no eran ciertas. Y en la sentencia se manifiesta que José Manuel Mosquera creó documentos simulados, como tarjetas de visita, contratos o sellos; y, singularmente, unos activos financieros denominados "Euronotas".
Los citados empresarios estaban necesitados de financiación para sus sociedades, puesto que en el momento en que fueron "tentados" con el falso proyecto ya se había iniciado la crisis y los bancos no les concedían créditos.
Los implicados en la trama les cobraron unas determinadas cantidades de dinero para poder acceder a esos "productos financieros ventajosos". Según la sentencia conocida ayer, la cantidad total ingresada a los condenados por los empresarios afectados asciende a unos 331.083,8 euros. En el documento judicial se afirma que "quedó acreditada la intervención de otros empresarios como inversores en la suscripción de Euronotas, pero o no se les ha traído al juicio oral o no se han demostrado los pagos que se dicen realizados". La estafa se realizó entre los años 2009 y 2012.
Un engaño al que fueron sometidos los afectados consistía en aportar 3.000 euros "por estudios de viabilidad o rentabilidad realizados por Interpol", una labor que en absoluto corresponde a dicha agencia internacional de investigación de delitos en la que participan agentes de muchos países del mundo. Así lo manifestó en una de las sesiones del juicio el inspector que ejerce de jefe en el Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife a preguntas de la fiscal encargada de este asunto, Jezabel Criado. El citado agente comentó que, desde que se detectó que hubo pago por el mencionado concepto, ya los integrantes de su grupo sabían que se había cometido una estafa. El referido investigador policial comentó en la vista oral que el dinero aportado por los empresarios no se dedicó a inversión, puesto que, al menos parte, fue directamente a gastos personales de José Manuel Mosquera Castelo, que residía en Madrid, para viajes, restaurantes y otras actividades de ocio.