El Ayuntamiento de Arona permitirá que las personas sin recursos dejen de "estar al día" con las obligaciones tributarias, dentro de las nuevas bases para ayudas municipales que serán llevadas mañana a pleno. Así lo ha explicado hoy el alcalde de Arona, José Julián Mena, quien explica que estas ayudas incluyen la rehabilitación de primera necesidad de viviendas, emergencia social, las becas y ayudas al transporte.

Se trata de las ayudas, "más sociales de la historia de Arona, realistas y adaptadas a las necesidades de nuestra ciudadanía", como afirma el alcalde.

La nueva regulación, que afectará a las que se abonarán el año que viene, hace una apuesta, a juicio de Mena, por llegar a muchísimos más usuarios, se incrementan las partidas y se suprime el requisito de estar al día con las obligaciones tributarias municipales.

Se trata de siete expedientes que "cambian los requisitos previos para conseguir llegar a más personas y dar una cobertura efectiva a las necesidades de nuestra ciudadanía, unas aportaciones que apuestan por una política mucho más social y justa".

Además, el alcalde destacó el trabajo transversal entre técnicos y concejales de las áreas municipales para abordar las prestaciones sociales de manera conjunta e integral, en este caso de Vivienda, Educación y Servicios Sociales.

Las ayudas se refieren al periodo 2016/2017 una vez se aprueben y superen los periodos de publicación y exposición pública.

Aunque ya se han recogido incrementos en las partidas presupuestarias para las de este año, que se rigen por las bases anteriores y que muchas ya se están abonando, se espera una ampliación para los presupuestos de 2017 en la que ya se está trabajando.

Aunque se ha registrado la incorporación de novedades y mejoras en todas las bases, uno de los casos más destacados es el de las ayudas de emergencia social.

Así, aumentan las ayudas para vivienda, que pasan de 600 euros en total al año a 3.000 euros con un máximo de seis meses por año y unidad de convivencia, una medida que se considera fundamental para la prevención de la exclusión residencial.

Además, se crea la cobertura del alojamiento temporal para personas sin hogar y con riesgo de exclusión social, en el entorno habitual de residencia, y el alquiler provisional por situaciones de fuerza mayor o emergencia, ambas por 90 días prorrogables a otros 30.

Se incluye una nueva ayuda para cubrir suministros básicos de agua, electricidad y gas, que antes no se contemplaba, así como otra para el desarrollo de programas de intervención social.

Se incluyen cursos de capacitación profesional, uniforme de trabajo, actividad recreativa para situaciones de aislamiento o depresión, o actividades terapéuticas para personas con algún tipo de trastorno mental.

Además, se incrementa la cantidad de dinero anual que puede percibir la unidad de convivencia para alimentación.

Aquí se eliminan los requisitos de edad (antes estaban dirigidas solo a menores) y discapacidad para acceder a tratamientos odontológicos.

Se puede optar a bonos de transporte (hasta ahora era para cuestiones relacionadas con la salud) para la búsqueda de empleo y el acceso a actividades de inserción social.

Asimismo, se incorpora una nueva ayuda para facilitar la conciliación familiar y laboral en los casos en que se cumplan los requisitos esenciales.

Incluye servicios de permanencia, de acogida temprana, comedor, uniformes y recursos para periodos no escolares.

También se incorpora a las ayudas de emergencia social las relativas a materiales y libros, lo que permitirá tenerla abierta todo el año.

Con estas nuevas bases, se llegará a más población en situación de vulnerabilidad, ya que casi se triplica el umbral de renta por individuo.

En las ayudas de rehabilitación de vivienda de primera necesidad, se pasa de una cuantía máxima por demandante de 3.000 a 4.500 euros, entre otras medidas.

En cuanto a las ayudas del Área de Educación, se aumenta el límite de ingresos de la unidad familiar, que pasa de 10.999 a 12.780,26 euros.

Las mujeres víctimas de violencia de género solicitantes no tendrán que cumplir el tiempo mínimo de antigüedad en el padrón municipal, establecido en seis meses.

Otra singularidad es que se suprime el requisito de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la hacienda local y se incrementa la puntuación por las circunstancias familiares.