Las administraciones canarias no han avanzado gran cosa durante este año en dar mayor transparencia a sus contratos y licitaciones. Tan solo el Parlamento, el Gobierno y, en menor medida, el Cabildo de Gran Canaria cumplen con la obligación legal de publicar sus concursos y adjudicaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El consuelo para las instituciones de las Islas es que este incumplimiento está más que generalizado en España, según Transparencia Internacional (TI). La ONG ha analizado, en colaboración con el Observatorio de la Contratación Pública (OCP), la evolución de estas políticas desde enero de 2016, y lo cierto es que, pese a "ciertas mejoras", la vulneración de la normativa continúa siendo mayoritaria, una situación que considera "inaceptable y preocupante".

La Cámara regional ya se ajustaba a comienzos de este año a lo dispuesto en la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado. Es, actualmente, uno de los cinco parlamentos cumplidores en esta materia. El estudio de Transparencia Internacional abarca el Congreso, el Senado y las 17 asambleas autonómicas. En cuanto al Gobierno, ha comenzado a publicar directamente en la plataforma a lo largo de 2016, y se suma al grupo de los seis ejecutivos regionales -tres en enero- que se atienen a la normativa.

La corporación insular de Tenerife continúa sin cumplir, en tanto que la de Gran Canaria lo hace desde el punto de vista formal: su perfil está declarado en la plataforma del Estado, pero no tiene licitaciones publicadas. Un 60% de las diputaciones provinciales, cabildos canarios y consells baleares se ajusta a lo establecido en la norma, una proporción que hace seis meses solo era del 40%.

Cuatro municipios del Archipiélago -Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, La Laguna y Telde- están incluidos en los 110 grandes ayuntamientos estudiados por TI. Ninguno de ellos cumple. El que más cerca está de hacerlo es el de Telde, que publica parcialmente la información. El nivel de cumplimiento general es del 30%, ligeramente superior al que se registraba al arrancar el año.

El informe de la ONG se detiene también en las universidades. Ni la de La Laguna (ULL) ni la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se han adaptado a la obligación legal. Las instituciones académicas españolas son las que más progresos han hecho en este aspecto, pues un 65% de ellas publica en la plataforma.

"Abultado e inaceptable"

Transparencia Internacional ha instado a todas las instituciones públicas españolas a cumplir "en el más breve plazo posible" la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contrataciones del Sector Público, dado el "abultado e inaceptable" nivel de incumplimiento que se registra. Esto permitirá, detalla la ONG, que la información sobre estos procesos "se encuentre centralizada a nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de este país, de cara a un aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción". A su juicio, ello conllevará, además, "un mayor cumplimiento de las reglas de la competencia y, por tanto, de la eficiencia económica global".