El Pleno del Consistorio de Güímar aprobó este jueves, con los votos del gobierno PP-CC, solicitar a Función Pública el descenso de categoría, de primera a segunda, del Ayuntamiento de Güímar. Según el gobierno (PP-CC), el objetivo de esta bajada de categoría es disponer de un interventor fijo y poder optar a una mayor oferta de habilitados nacionales. PSOE y SSP criticaron con dureza esta medida durante la sesión y aseguraron que su único objetivo es cambiar a la secretaria y la interventora actuales.

Izquierda Unida Canaria (IUC) en Güímar añadió que "este descenso, anunciado casualmente después de que la secretaria informara que ha presentado 10.000 folios en la Fiscalía, fue defendido con el argumento de que Güímar no llega a los 20.000 habitantes y que se necesita que el funcionariado esté a jornada completa. Sin embargo, tal como declaró la secretaria en su intervención durante el pleno, para contratar a un funcionario o funcionaria por más horas no es necesario reducir la categoría".

La secretaria dijo ayer que la actitud de "persecución y descrédito" de algunos miembros del gobierno local ha llegado a tal grado que tanto ella como la interventora han puesto en marcha expedientes por acoso laboral.

La secretaria lamenta que se dé una imagen esperpéntica

La secretaria del Ayuntamiento de Güímar lamenta que "se dé una imagen absolutamente esperpéntica de la administración", y acusa al gobierno de hacer una "utilización torticera de las normas, y del descrédito profesional, como subterfugio ante graves incumplimientos".

"Es absolutamente incierto que esta secretaria ponga trabas o esté enfadada por que el consistorio pretenda amortizar una plaza de vicesecretaria o cambiar la categoría del ayuntamiento (...) No es un acuerdo inadecuado, sino contrario a derecho", explica.

"Lo que sí que es cierto es que se ha hecho un informe desfavorable a una entidad de la cual fue presidente un miembro del gobierno, que recibió subvenciones y cuyos fondos no están correctamente aplicados. Que se han presentado nóminas por ese ente para que sean cargadas a esa subvención para pagar personal vinculado a sus listas electorales. Que esta Secretaría ha pedido al gobierno que concluya un expediente por el que un familiar de un edil ocupa, indebidamente, una propiedad municipal. O que se ha planteado la prescripción de expedientes de infracción urbanística de un familiar directo de un concejal del gobierno", subraya.