Varios usuarios del parquin de la plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife, denunciaron esta semana la falta de accesibilidad del recinto, una carencia que se ha agravado tras la obras que se ejecutaron para construir la conocida como Vía Litoral -vía subterránea que pasa junto al Cabildo-.
Según advirtieron, el aparcamiento carece de cualquier tipo de salida habilitada y en condiciones para personas con movilidad reducida o para otras que, por determinadas circunstancias, no puedan hacer uso de las escaleras que permiten la salida al exterior.
Uno de los casos más frecuentes se produce con las madres que portan carritos para bebés, que deben pedir ayuda, en ocasiones, para poder salir a la calle, o hacer uso de la rampa para vehículos, una opción a la que también están obligados quienes se mueven en silla de ruedas.
Según recuerdan desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, propietario del edificio, hasta que se ejecutaron las obras de la citada Vía Litoral la salida que se ofrecía para estas personas era a través de una rampa que existía en la planta baja del edificio, pero quedó condenada con estos trabajos. Eso sí, algunos de los usuarios afectados y el propio consistorio dudan de que esa rampa cumpliese con la normativa actual sobre accesibilidad.
Precisamente, el concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos de la capital, Dámaso Arteaga, reconoce los problemas que presenta el inmueble en este sentido, y avanza que se está estudiando una "alternativa" para resolver el problema.
Arteaga explicó que la empresa concesionaria del parquin ha presentado una propuesta técnica, que estudian ahora los servicios municipales, que pasaría por romper el forjado (techo) cerca del acceso de las escaleras, junto a los pabellones cubiertos de flores, para instalar un ascensor.
"Los técnicos están valorando en qué zona se tiene que romper el forjado, y la afección que puede tener sobre la losa que está encima del aparcamiento", precisó el edil. La idea es que pueda haber un pronunciamiento técnico en septiembre.
No obstante, y si bien parece más o menos clara la propuesta a ejecutar, las dudas surgen sobre quién debe hacer la inversión. "Seguramente, lo que quiere el particular (concesionaria) es hacer la inversión para después pedir, o bien los recursos económicos o prolongar el tiempo de la concesión", indicó Arteaga. "No es un tema sencillo desde el punto de vista administrativo", remarcó.
"Hasta ahora -detalló Dámaso Arteaga- el ayuntamiento se ha negado a todas las peticiones de ampliación del plazo de la concesión. Siempre ha buscado otras alternativas". En cualquier caso, avanzó, "tendremos que estudiar el asunto", cuyo coste podría rondar unos 60.000 o 70.000 euros.