María Isabel Santos, vicesecretaria (no hay titular de la Secretaría) del Ayuntamiento de Güímar, asegura que la rebaja de categoría de dicha administración aprobada por el Pleno, con los únicos votos del gobierno municipal (PP y CC), se corresponde con "el uso torticero de un decreto" cuyo resultado final será "un fraude de ley". Una denuncia de esta habilitada nacional ante la Fiscalía dio lugar a la apertura de diligencias de investigación penal.

Las diferencias del grupo de gobierno con la vicesecretaria "devienen de informes desfavorables" en materias de contratación y asesoramiento, del uso de las empresas de trabajo temporal, de contratar personal técnico no cualificado para elaborar pliegos y de saltarse los procedimientos legales establecidos. "Los informes no frenan los procedimientos y la ley, además, no lo contempla. La pregunta es por qué no los continúan si están tan seguros. Basta con el decreto o el acuerdo que proceda de la Junta de Gobierno Municipal", enfatiza.

"Lamentable" es el término que utiliza para definir el desarrollo de la última sesión plenaria, en la que se refirieron a "secretarios de tercera como algo despectivo y peyorativo. Ante la falta de argumentos han llegado a la descalificación personal". De hecho, la alcaldesa impidió la lectura plenaria del informe contrario a la medida propuesta que ella elaboró. "Previamente, impidieron que la letrada de Recursos Humanos emitiera el suyo", señala.

A su juicio, en esta recalificación administrativa hay "venganza" contra ella porque en la situación actual Güímar puede disponer de un interventor, "pero no lo tiene porque no lo hay", pero siendo un ayuntamiento de segunda "les permitiría justificar que la plaza de vicesecretaria sobra. Es claramente una venganza. Es utilizar la ley para obtener un resultado que es fraude de ley".

Entre los asuntos que generaron el distanciamiento entre el gobierno local y la vicesecretaria está el posicionamiento de la funcionaria habilitada nacional respecto al desarrollo del área de los barrancos, que tal y como se plantea "no es posible". Con la salvedad de la instalación de la planta de transformación de neumáticos en energía eléctrica, "ahí no se puede construir y mucho menos hacer hoteles y campos de golf. Lo que tienen que hacer es solicitar la modificación del plan territorial" y trabajar a partir de ahí.

Ese fue el primer encontronazo. El siguiente afectó a una campaña medioambiental en la que, asegura, "en la Fiscalía consta un informe técnico en el que se refleja que el proveedor aportó cajas con material suficiente para cubrir los folios y el cartón que utilizaron como relleno. Rechacé la factura. Cuando le planteo al concejal que falta la edición y producción de la campaña es él mismo quien empieza a elaborar la introducción asegurando que esa parte la hace el ayuntamiento, contraviniendo el decreto. Claro que para el concejal, hubo un error en ese decreto". El edil es el primer teniente de alcalde, Javier Mederos.

Todo ello consta en la denuncia que Marisa Santos presentó ante la Fiscalía después de que solicitara la apertura de un expediente por acoso laboral y se le hiciera caso omiso, hasta ahora.

El siguiente choque lo motivó el expediente para el concurso del servicio de recogida de residuos. La vicesecretaria emitió informe contrario "porque el estudio económico es una simple hoja de cálculo y fue elaborado por personal externo no cualificado para ello, por muy exconcejal que se sea".

En un comunicado a través del que trató de explicar la rebaja en la calificación del consistorio, la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, manifestó que con esta decisión el ayuntamiento podría cubrir las plazas de interventor y de secretario, que desde el año 2011 están ocupadas por acumulación de funciones y con un nombramiento provisional. Castro añadió que "en los dos casos estamos conformes con el trabajo que están desarrollando y valoramos el cumplimiento de sus funciones, pero queremos dar mayor seguridad jurídica a nuestro municipio y acabar con esta situación de provisionalidad".

Castro aclaró que en ningún caso el pasar de primera a segunda clase implica que Güímar pierda derechos, ni financiación, ni afectará en nada a los vecinos: "Esta clasificación, de acuerdo con la legislación vigente, corresponde a los ayuntamientos que tienen más de 20.000 habitantes, o bien en casos excepcionales para municipios de características especiales".

De las tres plazas de habilitado nacional que le corresponden al Ayuntamiento güimarero desde la recalificación concedida oficialmente en 2007, en la actualidad Güímar solo tiene cubierta la de Tesorero, estando vacantes los puestos de Intervención y de Secretaría.