La Plataforma de Afectados por la Hipoteca Tenerife (PAH) y otras organizaciones se reunieron hoy frente a la subdelegación del Gobierno en Canarias para denunciar el desalojo de una madre y sus dos hijas que ocupaban una vivienda pública en Santa Cruz de Tenerife y exigir a las administraciones del Estado que se le de el uso adecuado a estas viviendas.
"Muchas de las viviendas públicas de Tenerife se utilizan como almacenes de basura, tienen escombros o están vacías", aseguró el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Tenerife, Borja López, y añadió que mientras eso ocurre, muchas familias "se van a la calle" sin alternativa habitacional.
La portavoz de la plataforma Pro Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales de Canarias, Inma Évora, avanzó que hoy se presentarán unos escritos a la subdelegación del Gobierno y al Ejecutivo regional para que se investigue lo ocurrido en este inmueble.
Évora declaró que se ha echado a esta familia sin previo aviso y se han vulnerado todos sus derechos, su tutela judicial, su derecho a defenderse y que no se ha contemplado su estado de necesidad.
Desde la Administración Pública y desde otros ámbitos, manifestó Évora, siempre se busca una razón para culparles de la situación en la que se encuentran.
"Ni las familias de la calle ni las plataformas tenemos la culpa del paro y la pobreza", señaló la portavoz.
Inma Évora culpó a los gobernantes por las gestión que han realizado de los recursos públicos y señaló que el ejemplo más claro se encuentra en Canarias, que es una de las principales Comunidades Autónomas que está "a la cabeza de todo malo" como el paro, la pobreza energética y la educación.
Asimismo, las distintas organizaciones denunciaron que no existe un inventario de viviendas, por lo que las administraciones públicas no saben el patrimonio que tienen en propiedad y al no existir un control sobre estas viviendas, no se supervisa el uso debido de estas casas.
"No hay prevención, ni hay protocolos de emergencia, ni alternativas habitacionales", declaró Inma Évora.
Una de las demandas exigidas hoy a las administraciones públicas y gobernantes por parte de la PAH-Tenerife y otras plataformas es que se apliquen "medidas reales" para que no se vulnere el derecho de familias que necesitan una vivienda.
Según Évora, muchas familias se han establecido como okupas por necesidad y "les echan como agua sucia", por lo que no tienen ningún amparo legal ni institucional ya que las administraciones públicas usan el argumento de que no quieren legitimar la ocupación.
"La ocupación no tiene que legitimarse pero si hacerse algo antes de que pase", aclaró la portavoz.
Al acto también acudieron representantes de la Plataforma 29"E", Plataforma de Afectados por VISOCAN, Plataforma por la Dignidad de las Personas y Asociación de Vecinos Chincanayro.