Varias plataformas sociales exigieron ayer a las administraciones públicas la elaboración de un inventario de viviendas públicas vacías, para poder hacer frente con ellas a los casos de "cientos de familias" que se van a la calle sin alternativa habitacional.

En un acto informativo desarrollado a las puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz, portavoces de la Plataforma Antidesahucios (PAH); 29-E; afectados por Visocan; asociación de vecinos Chincanayros, y Pro Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Canarias desglosaron el documento al que dieron registro en la Subdelegación del Gobierno. También ha sido dirigido al director general de Patrimonio y Hacienda de Santa Cruz.

En él piden al Consistorio de la capital que "inste" al Gobierno de Canarias y a todas las administraciones públicas con competencias en materia de vivienda y que posean casas protegidas a adoptar "cuantas medidas sean necesarias" para garantizar la supervisión del parque de viviendas vacías y el control del uso de aquellas con protección pública.

"Las administraciones no tienen un inventario de sus viviendas vacías", remarcó el portavoz de la PAH, Borja López, una idea en la que ahondó Lolo Dorta (en la foto), de la plataforma 29-E. "No nos dan datos porque ni ellos mismos lo saben", aseguró.

Dorta subrayó que en Santa Cruz hay "muchas casas públicas tapiadas en los barrios", y denunció la ocupación de viviendas por parte de personas que, a su juicio, "no tienen una necesidad real".

"El ayuntamiento quiere que el estudio sobre las viviendas vacías lo hagamos las asociaciones de vecinos y los colectivos, y esa no es nuestra labor", indicó.

En esta línea, Inma Évora, de la plataforma Pro Derechos Económicos, Sociales y Culturales, insistió en que las administraciones públicas "no saben" el patrimonio que tienen en propiedad, un hecho que impide resolver "emergencias poblacionales" como la que vivimos ahora.

"Si hubiéramos ocupado nuestro tiempo en promover viviendas públicas y parques privados actualmente no tendríamos este grave problema", enfatizó Évora, quien remarcó que el gran problemas es que no existen "alternativas habitacionales". "El último escalafón es la calle, y ni hay prevención ni protocolos de emergencia, por tanto todas las medidas que estamos viendo son brindis al sol", sostuvo.

Exigen que se aclare el caso de la vivienda de Gara Lima

Entre los puntos que recoge el documento que registraron ayer las plataformas sociales figura el caso de Gara Lima, una vecina de Somosierra desalojada de una vivienda pública la pasada semana.

Estos colectivos solicitan al Consistorio de Santa Cruz que realice "cuantas acciones sean necesarias" para aclarar si se han dado las circunstancias legales necesarias para que el inmueble que ocupaba Lima en Somosierra, titularidad de la Sociedad Benéfica de Construcciones La Candelaria, "fuera adquirido por las personas que han ejecutado la oferta de compraventa.

También piden que verifique mediante distintos informes de suministros básicos si la vivienda del número 29 del Pasaje Los Llanos ha sido destinada como vivienda habitual de sus adjudicatarios.

Además, solicitan al ayuntamiento que, teniendo en cuenta la existencia de un procedimiento judicial no finalizado, por el cual, como medida cautelar, se ha procedido al desalojo de los ocupantes del inmueble, se informe al juzgado correspondiente a fin de que adopte las medidas necesarias, teniendo en cuenta que hay un juicio señalado para el 8 de septiembre.