La alcaldesa de Güímar tramita una denuncia contra la vicesecretaria municipal, María Isabel Santos, y pide asesoramiento a la Dirección General de Función Pública ante la "inseguridad jurídica" en la que, asegura, se encuentra la gestión municipal por la "pérdida de confianza" del grupo de gobierno en la empleada pública. Carmen Luisa Castro afirma que "somos víctimas del abuso de poder de las habilitadas", en alusión a la vicesecretaria y a la interventora. "Nos hemos sentido acosados al no sacar adelante varios expedientes", apostilla.

El detonante del distanciamiento entre la regidora y la funcionaria fue la petición, por parte del grupo de gobierno, de rebajar la categoría del ayuntamiento de primera a segunda a fin de propiciar la incorporación de un secretario y un interventor titular. La medida fue aprobada por el pacto PP-CC en el pleno con informe contrario (no leído durante la sesión, por decisión de la Alcaldía) de la Secretaría.

Meses astrás, desde el gobierno municipal se venía advirtiendo de una parálisis administrativa de la que responsabilizaban a la secretaria y a la interventora, tanto por el contenido de muchos de sus informes como por la falta de elaboración de otros necesarios para resolver "asuntos importantes". Ello lleva a la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, a asegurar que "somos (el grupo de gobierno) víctimas del abuso de poder de las habilitadas nacionales".

Castro sitúa en el inicio de este mandato, con la firma del pacto con CC, el "comienzo de esta situación de bloqueo de expedientes", hasta el punto que la alcaldesa se muestra segura al manifestar que eso llevó a que "desde dentro intentaran contribuir a esa moción de censura de la que tanto se ha hablado (PSOE y SsP necesitan a CC, socio del PP, para hacerla posible) y que no consiguen".

Recuerda que el expediente para crear la plaza de Vicesecretaría fue tramitado con el gobierno surgido de la moción de censura que en mayo de 2013 colocó a Carmen Luisa Castro como alcaldesa "para evitar un vacío en la Secretaría con el cambio de legislación. Eso no es menospreciar. Ni lo hicimos, ni lo hacemos hi lo haremos".

Tras afirmar que la "postura" de la vicesecretaria "ha sido mucho más dura" tras el acuerdo con CC, indica que "durante este último año, la Secretaría general ha estado enquistando las áreas de Coalición Canaria, sobre todo".

Con todo ello, "con las declaraciones de Marisa Santos contra el gobierno municipal, no tengo seguridad jurídica". En sus manifestaciones, la vicesecretaria aseguró que la rebaja de categoría del Ayuntamiento de Güímar es una venganza hacia ella y se corresponde con "el uso torticero de un decreto" cuyo resultado final será "un fraude de ley". De hecho, una denuncia de esta habilitada nacional ante la Fiscalía sobre diversos expedientes dio lugar a la apertura de diligencias de investigación penal.

Carmen Luisa Castro se muestra tajante al exponer que "nunca hemos obligado a ningún técnico a cambiar el sentido de sus informes, pero sí hemos expresado nuestra disconformidad en algunos casos respetando, siempre, a los trabajadores".

La paralización se debe a que "no han hecho los informes de algunos expedientes de cuestiones esenciales para el municipio", aludiendo a la recogida de basura y el abastecimiento de agua, entre otros.

La bajada de categoría no reduce derechos ni servicios

La alcaldesa de Güímar está muy preocupada "porque parece haber calado en la sociedad un mensaje falso. Que el ayuntamiento pase de primera a segunda categoría es un simple trámite administrativo, no repercute en la pérdida ni de derechos ni de servicios. Solo dará mayor seguridad jurídica a esta corporación".

Consciente de que "creen más al trabajador que al político"

Carmen Luisa Castro afronta este conflicto "consciente de que el pueblo cree más a un trabajador, que, en este caso es un fedatario público, que a un político, pero este gobierno municipal es víctima del abuso de poder de los habilitados nacionales".

"No temo que acudan a la Fiscalía"

Ni las denuncias de la oposición ni las de la vicesecretaria amedrentan a la regidora güimarera. "No temo que acudan a la Fiscalía. Todo lo que ha solicitado el fiscal se lo hemos entregado. Creo en la justifica y lo que nos toca es seguir trabajando, políticos y empleados públicos, en beneficio de la ciudadanía. Así de simple", afirma.

"Un secretario es fedatario público y no puede mentir"

Carmen Luisa Castro incidió en la falta de garantías legales que percibe el gobierno municipal de Güímar en estos momentos. "Me parece muy grave lo que está ocurriendo. Un secretario es fedatario público y no puede mentir, y ella está diciendo cosas que se dirimirán en el juzgado".