El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, Fernando López Ramón, autor del último informe sobre la demolición del "mamotreto", por encargo del Consistorio de la capital, dejó entrever ayer que el ayuntamiento debería "agotar" los medios de defensa legal del edificio de aparcamientos de Las Teresitas, cuya demolición "inmediata" ha dictado el Juzgado de lo Penal nº 5 de Santa Cruz de Tenerife.

"El consejo general sería que el ayuntamiento no se metiera en pleitos, pero cuando se manejan fondos que no son propios, como ocurre aquí, parece que esas responsabilidades debieran conducir a agotar los medios de defensa del patrimonio público", subrayó.

"Porque al final lo que se ha puesto de relieve es que hay ahí un gasto público importantísimo, cercano a los 10 millones de euros", añadió López Ramón, quien sostuvo que se trata de un bien que "probablemente" haya que reponer, "si se llegara a tirar", de conformidad con los planteamientos que recoge el PGO.

¿Con las conclusiones del informe el consistorio debería cambiar la línea que ha seguido? "Eso no lo sé. En todo consejo jurídico hay después una decisión que es la voluntad", indicó el experto.

López Ramón subrayó que "hasta ahora" el ayuntamiento estaba convencido o prevalecía la idea de que no podía hacerse nada debido a que el PGO vigente, de 2013, remite a un plan especial. Sin embargo, aclaró, lo que se pone de relieve en el dictamen "es que eso no es exactamente así".

"Es cierto que hay una remisión al plan especial, incluso se considera indicativo, pero eso es una cosa de futuro", remarcó. "El PGO también regula la ordenación actual en relación con ese espacio concreto de Las Teresitas", dijo.

Ese dato nuevo es, a juicio del catedrático, el que podría llevar al ayuntamiento a tomar "otra decisión". "Pero yo no soy quien debe tomarla, ni sé cuál es mejor o peor", apuntó.

En este sentido, rehusó valorar la actuación del consistorio en este caso hasta el momento, pero sí reconoció que con su informe el ayuntamiento tiene "un respaldo jurídico" que puede resultarle "interesante" y que debe tener "en consideración".

Es más, indicó que existen "lagunas" que merece la pena seguir en el fallo judicial que condena al ayuntamiento a asumir el coste del derribo del edificio de aparcamientos. "¿Por qué no el Consejo Insular de Aguas o la empresa que lo hizo?", se preguntó.

En las conclusiones de su informe, el catedrático de la Universidad de Zaragoza recomienda al Ayuntamiento de Santa Cruz que solicite al citado juzgado la legalización parcial de las obras del "mamotreto", dado que resultan "perfectamente adecuadas" al vigente PGO.

A pesar de la aparente contundencia del documento, las fuentes municipales consultadas ayer remarcaron que la posición del consistorio seguirá siendo la adoptada por sus órganos de decisión, Junta de Gobierno y Pleno: acatar los fallos de la justicia y proceder al derribo inmediato del aparcamiento.