Descuenta los días con cierta amargura. "No me gustaría que mi hija pequeña -tiene dos años- tuviera que vivir lo que han vivido los mayores", relata. Sandra Isabel Páiz Pérez afronta el próximo 12 de septiembre el segundo desahucio de la vivienda particular que ocupa en el barrio de La Salud. El primero logró evitarlo el pasado mes de mayo gracias a un error administrativo. Ahora no está tan segura.

Detalla que la última asistenta social que visitó la vivienda que habita en La Salud, con muchas humedades y trozos de techo desprendidos en varias habitaciones, certificó que cumple con todas las condiciones para optar a una vivienda social.

Divorciada, con hijos menores a su cargo y cobrando solo una prestación por violencia de género -426 euros- son, según asegura, motivos suficientes para disponer de una de estas casas. Pero el trámite es lento. "Me piden que tenga paciencia, pero con tres hijos menores es imposible tenerla", subraya. El 12 de septiembre está "a la vuelta de la esquina", remarca.

Y más cuando le suceden casos como el de estos días. En Viviendas Municipales, asegura, le dijeron que su caso ya estaba tramitado y enviado al Gobierno canario, pero en el organismo regional correspondiente le comentaron que allí no estaba su informe.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, sin embargo, aclaran que Sandra tiene toda su documentación en Viviendas Municipales. Existe un informe social del IMAS para vivienda vacante y, además, está incluida en la propuesta de casos de "extrema y perentoria necesidad" para viviendas vacantes del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi).

Desde el consistorio reconocen que son conocedores del desahucio fijado para el 12 de septiembre, y precisan que el juzgado ha pedido información sobre el pago de recibos de la afectada. Al mismo tiempo, aclaran que el protocolo antidesahucios del ayuntamiento no contempla la figura del conflicto entre particulares, es decir, que solo se intercede ante los bancos o ante otras administraciones.

Y también indican que, ocupando otro domicilio, Sandra perdió la ayuda municipal al alquiler que recibía por no justificar el gasto, y que recibió una ayuda de emergencia para el pago del recibo del agua.