La modificación de la Ley 16/2003, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género de Canarias, "reproduce, salvo algunas variantes", la norma que acaba de aprobar la Comunidad de Murcia sobre el mismo asunto. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el Consejo Consultivo tras realizar un informe jurídico sobre la reforma legal a petición de la presidenta del Parlamento canario, Carolina Darias.
Según este órgano, esta práctica -común también en otras comunidades autónomas- es "una deficiente técnica legislativa" que puede suponer "una autolimitación, siquiera sea inicial, de la potestad legislativa que estatutariamente tiene atribuida la Cámara".
"Tal autolimitación -prosigue- puede y debe ser corregida durante la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, evitándose así las consecuencias negativas derivadas del uso de la indicada técnica, y así debiera ser en aras de la plena expresión normativa de que goza nuestra Comunidad de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía".
No es la primera vez que el Consejo Consultivo detecta estos "plagios" normativos. En un dictamen solicitado también por el Parlamento sobre la proposición de ley de perros de asistencia para personas con discapacidad en el Archipiélago, publicado en noviembre de 2015, también alertó de esa tendencia a "copiar" otros textos legales en lugar de hacer un uso pleno de la potestad legislativa contemplada en el Estatuto de Autonomía. También en esa ocasión la ley original era de Murcia.
La reforma de la ley contra la violencia de género fue aceptada tras una propuesta del grupo Podemos. El objetivo de esta reforma es conseguir una legislación adaptada a los acuerdos internacionales del Consejo de Europa -conocido como Convenio de Estambul- y el de Naciones Unidas -Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer-.