Poco antes del último consejo de Gobierno, un comunicado de la ejecutiva regional del PSOE -redactado por uno de los miembros de la plataforma contra la Ley del Suelo y aprobado por la ejecutiva sin que se hubiera celebrado reunión de la ejecutiva- estuvo a punto de hacer saltar el pacto entre Coalición y el PSOE. Fue -probablemente- el momento más difícil en la andadura de un acuerdo que nació con dificultades, y que ha sobrevivido a un año de afasia política que ha acabado por contagiar a todos los partidos en todas las latitudes. Porque el problema del Pacto de Gobierno en Canarias no es solo que Coalición y el PSOE hayan perdido su capacidad para comunicarse, es que esa falta de comunicación no afecta únicamente los socios del pacto. Se produce también dentro del propio PSOE canario, con la vicepresidenta del Gobierno (y candidata a la secretaría general) actuando al margen de las instrucciones que recibe de su partido. José Miguel Pérez le había pedido a Patricia Hernández que tanto ella como el resto de los consejeros socialistas se abstuvieran en la votación de la Ley del Suelo por parte del Gobierno, lo que -probablemente- habría provocado una casi instantánea quiebra del pacto. Patricia y los consejeros optaron por apoyar el proyecto del Gobierno al que pertenecen, y la dirección regional socialista respondió ganando tiempo y posponiendo el debate final sobre la ley hasta después de las vacaciones, en el mes de septiembre.

Se ha abierto un "impasse", que -como tantas otras cosas en estos tiempos de bloqueo- responde a la incapacidad manifiesta para encontrar fórmulas de compromiso. No solo en relación a la futura Ley del Suelo, que se ha convertido -según mi personal criterio- en una excusa para dirimir el futuro Congreso del PSOE. También ocurre algo parecido en la mayor parte de los asuntos de enjundia que hoy preocupan al país. Lipovetsky se refería en "La era del vacío", un ensayo publicado hace ya treinta años, a la incapacidad para el compromiso como una de las características de la sociedad posmoderna. Una sociedad que jalea la disidencia y adora el espectáculo del conflicto. Una sociedad individualista y pagada de sí misma, que banaliza el acuerdo y desprecia las fórmulas del contrato social.

La pelea de la Ley del Suelo me aburre extraordinariamente, pero sobre todo porque detrás de ella no hay ideas, ni reflexiones, lo que hay son posiciones que esconden -en muchos casos- intereses personales y de poder. Lo razonable y sensato -en la Ley del Suelo, en la reforma de la Ley Electoral, en el reparto de los fondos, en la investidura de Rajoy- sería que el debate político no fuera a todo o nada. Pero la política ha sustituido la cultura del compromiso, el pacto y el acuerdo, por los gestos. Y los gestos -de mucho repetirse- acaban por convertirse en meras muecas que no significan nada: hace no muchos años, por ejemplo, un congreso insular del PSOE de Tenerife votaba su oposición al puerto de Granadilla, mientras elegía para la dirección del partido a quienes más habían insistido en construir esa infraestructura.

Convertir el debate sobre la Ley del Suelo en un mecanismo para ganar posiciones en el futuro congreso regional es una estafa a esa parte de la opinión pública a la que de verdad le preocupa el territorio. Y es también un riesgo inasumible: el PSOE se juega después de estas vacaciones su futura unidad en Canarias, no solo su continuidad como socios en este Gobierno.