El Ayuntamiento de La Laguna no recurrirá el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el reglamento regulador de uso y gestión de los centros ciudadanos municipales, que había sido denunciado por un conjunto de entidades vecinales laguneras, las mismas que, hace un mes y medio, comparecieron para anunciar que el juez había apoyado sus tesis.

En declaraciones a este periódico, la concejala de Participación Ciudadana y primera teniente de alcalde, Mónica Martín, apuntó que el texto se encuentra ahora mismo en los Servicios Jurídicos municipales, si bien, en las primeras conversaciones, desde este departamento han desaconsejado ir contra la determinación de la Justicia. "Para el área de Participación Ciudadana y para la corporación, como no puede ser de otra manera, lo que dice el juez lo respetamos", señaló también la líder de los socialistas en el municipio.

El resultado de lo anterior es, por tanto, que la institución local acatará el criterio de las asociaciones en los puntos de controversia de la polémica norma, que tienen que ver, en esencia, con una posible politización de estos recintos de carácter público.

Para entender bien lo ocurrido hay que retrotraerse al momento de aprobación del documento, cuando el consistorio no atendió las quejas de representantes ciudadanos en relación a, sobre todo, uno de sus artículos, que pone a los colectivos legalmente constituidos al mismo nivel que a grupos formados por un mínimo de tres personas que hagan uso de esos recintos públicos. Según explicaron los portavoces vecinales en la rueda de prensa de junio, la circunstancia anterior llevaría a que en la constitución del órgano rector del centro -su consejo- tendría el mismo peso una asociación consolidada que otras pequeñas reuniones de personas que se podrían crear "ex profeso".

La sentencia del TSJC es tan categórica como clarificadora: "El Ayuntamiento de La Laguna le otorga el mismo poder de representación, y por tanto de dirección de los centros municipales, a grupos inciertos e inobjetivados (tres personas), por el hecho de que utilicen el centro, que a las entidades constituidas reglamentariamente con representación y finalidad cierta y conocida".

El párrafo siguiente resulta aún más contundente: "Eso constituye, sin duda, un claro fraude al principio de participación asociativa que proclama el ROF y que deja entrever un claro intento del ayuntamiento de sustraer el control de los centros ciudadanos a las asociaciones". Y sigue: "Basta con que el representante municipal se ponga de acuerdo con grupitos de tres personas sin finalidad alguna, previamente concertadas, para tomar el control de cualquier centro en detrimento de las asociaciones y, si no es esa la intención del reglamento, se asemeja tanto que raya el principio de seguridad jurídica".

Tras todo eso y las consideraciones de los Servicios Jurídicos, Martín afirmó que, a partir de ahora, habrá que adecuar el texto. "Nosotros lo que queremos es que el funcionamiento de los centros no se vea perjudicado y seguir en ese trabajo de mejora del área de Participación Ciudadana", expresó sobre una norma que se aprobó ya en tiempos de pacto entre CC y PSOE y con la referida área en manos de los socialistas, aunque dirigida por el hoy concejal fuera del gobierno Javier Abreu.