El Gobierno de Canarias solo ha culminado este año seis expedientes sancionadores relacionados con la oferta de alquiler vacacional. Cuatro de estas multas han recaído sobre viviendas de Fuerteventura y dos han sido impuestas a inmuebles de Gran Canaria, según datos de la Consejería de Turismo. Las cifras contrastan con las denuncias formuladas hace unos años por los colectivos de propietarios, que aseguraban que las sanciones por ejercer esta actividad llegaron a las 7.500.

La incierta situación legal del alquiler vacacional en el Archipiélago, con un decreto en vigor pero que el Ejecutivo se ha comprometido a modificar, puede ser, a juicio de los empresarios hoteleros, la causa que explique este brusco parón de la actividad sancionadora. Fuentes del sector -contrario a que la normativa se flexibilice para permitir la actividad en las zonas turísticas- opinan que existe "una cierta manga ancha" que tendría como objetivo conceder un margen de tiempo a los propietarios y gestores para regularizar sus casas turísticas.

Sin embargo, estas fuentes entienden que los datos apuntan a que este propósito no se está consiguiendo, ya que apenas 1.800 inmuebles se han legalizado y las solicitudes de regularización rondan las 5.000, cuando el parque de viviendas vacacionales alcanza las 28.000. Según los hoteleros, la mayoría de empresarios y propietarios de estas casas prefiere seguir operando "en la oscuridad".

La postura de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) es la contraria. Su presidenta, Doris Borrego, admite que la actividad inspectora puede haberse "limitado", pero sostiene que sigue en marcha y, sobre todo, destaca que esas seis sanciones pueden haber significado el cese de la actividad y serios problemas económicos para unos propietarios que lo que quieren, dice, es "pagar impuestos". Las multas por esta causa, precisa Borrego, pueden llegar a los 60.000 euros.

La asociación confía en que el Gobierno modifique el decreto y sea sensible a un sector que aporta 1.500 millones de euros de gasto cada año -dos terceras partes en el comercio local- y que, a través del IGIC, puede suponer unos 60 millones más. Se trata, resalta Doris Borrego, de un sector "profesionalizado" y que crea empleo, pues el 85% de las viviendas son gestionadas por empresas.