Al menos dos dependientes fallecieron al día en Canarias sin recibir la prestación a la que tienen derecho durante los primeros cuatro meses del año. Entre enero y abril -ambos meses incluidos- se registraron 298 muertes de personas que esperaban aún el diagnóstico del Programa Individual de Atención (PIA), que determina la cuantía y el tipo de ayuda a la que tienen derecho. Es decir, cada día perecieron, de media, 2,4 personas.

Los datos, que fueron requeridos por la diputada del grupo popular Josefa Luzardo a través de una pregunta con respuesta por escrito y que se publicaron ayer en el Boletín del Parlamento de Canarias, muestran la dramática situación a la que se enfrentan miles de ciudadanos. La representante del PP también solicitó información sobre las deudas que ha saldado la Administración con las comunidades de herederos que han exigido ser resarcidas por el gasto que tuvieron que hacer en asistencia sociosanitaria cuando su familiar aún vivía.

Según la Consejería de Políticas Sociales, en dos años y medio se han pagado 7.770.122 euros a las familias que lo han solicitado y "Canarias mantiene al día las deudas con los herederos".

La constitución de una comunidad de herederos es la única vía legal para poder exigir el abono de la deuda, pero muchos hijos que viven fuera de las Islas o mantienen disputas por la herencia no abordan estos trámites burocráticos.

La Consejería ha dado de alta a 2.726 personas en el sistema entre julio de 2015 y mayo de 2016, de las cuales 822 son de grado 1; 770 de grado 2; y 1.134 de grado 3, es decir, dependientes severos, según recoge también el Boletín del Parlamento regional.

La valoración de la situación de dependencia se fundamenta en los informes de salud y del entorno habitual, y en una entrevista personal en la que los profesionales del sector hacen el baremo de dependencia. A continuación, "el órgano de valoración competente emite un dictamen que contiene el diagnóstico, grado de dependencia y los cuidados que la persona pueda requerir", explica el Imserso.

Es entonces el momento de establecer el Programa Individual de Atención, de lo que se encargan los servicios sociales públicos y que tiene como finalidad determinar las modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades del solicitante entre las ayudas disponibles para su grado de dependencia.