El Consejo de Gobierno de Canarias celebró ayer su primera reunión tras el periodo vacacional, en la que analizó los posibles escenarios presupuestarios para el próximo año, que, según el Ejecutivo, están condicionados a la actual incertidumbre política en el ámbito estatal. La falta de certezas sobre la constitución de un nuevo gobierno en España y las repercusiones de esta situación sobre la política económica obligan al gabinete que preside Fernando Clavijo a "mantener criterios de máxima prudencia financiera" a la hora de enfrentarse a las cuentas autonómicas del próximo ejercicio.

La incertidumbre política en el ámbito nacional condiciona "el margen de maniobra de la Administración autonómica a la hora de abordar sus previsiones de ingreso y gasto para el próximo ejercicio", advierte el Gobierno regional en un comunicado.

Bajo la presidencia de Clavijo, el Consejo de Gobierno deliberante de ayer se centró en el debate sobre las opciones presupuestarias para 2017 y su incidencia en el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para dicho ejercicio.

Al respecto, el informe presentado por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, refleja que "alguno de los propósitos del Gobierno de Canarias" se ve supeditado por la actual situación política en la Administración del Estado, con un Ejecutivo central en funciones.

En ese sentido, y en tanto no se produzca novedad alguna en el escenario político nacional, el Gobierno de Canarias trabajará en el escenario definido como "más conservador" respecto a sus cuentas anuales para 2017. Esta referencia contempla una previsión de déficit máximo del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB), así como un crecimiento máximo del 1,8% en el techo de gasto, de acuerdo a los criterios adoptados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Gobierno autonómico ha instado a la Administración del Estado a una adecuación entre los márgenes de crecimiento del techo de gasto y el cumplimiento, "riguroso" en el caso de Canarias, de los criterios de déficit autorizados a las comunidades autónomas.

El objetivo de esta reclamación es aprovechar la capacidad recaudatoria de la Comunidad Autónoma en un ciclo de crecimiento económico para potenciar los servicios públicos esenciales sin contraer déficit presupuestario, añade el Ejecutivo regional.