Viven en el "País de Nunca Jamás", ese bucólico paraje de J. M. Barrie donde nadie cae en la tentación de hacerse mayor. Dicen que son como el caballo de Atila, que por donde pisan ya no crece la hierba. Son los verdaderos bingueros de lo público; donde tú apuestas, ellos siempre ganan. Lo mismo movilizan cuarenta guaguas para una comida con los mayores, que llevan a los juzgados al que osa denunciar fiestas con dinero público.
Son como una tendera amable que sonríe por la mañana y critica por la tarde; el espejo convexo que altera la realidad mientras la muchedumbre tiene que mirar de frente a su día, ese que sin piedad recuerda la fantasía de la recuperación económica a pie de obra. Son perfectos, regeneradores, indispensables e inapelables en la atmósfera que dibujan para entender que su dimensión es la de todos. Buscan la patria donde no existe, en aquel rincón donde la tributación moral no cotiza al alza. Venden democracia interna en los partidos con sistemas de control orquestados para favorecer el crecimiento del aparato burocrático de la formación en cuestión.
El pastel empacha, pero con políticos manchados de corrupción siempre es más rentable pedir perdón antes que permiso. Inexorablemente ligado a estas cuestiones fundamentales, le toca al turno a la oscuridad reinante en las instituciones: si la renovación política es el mantra de los últimos años, la transparencia se ha convertido en el buen estudiante que se copia en los exámenes. En nuestra tierra, aquella donde se lucha contra las prospecciones a la vez que se vende el territorio a precio de saldo, la opacidad sigue constatando que los lobos no pueden cuidar a las ovejas. Sin ir más lejos, las administraciones canarias no han avanzado a la hora de dar mayor transparencia a sus contratos y licitaciones. Tan solo el Parlamento, el Gobierno y el Cabildo de Gran Canaria cumplieron con la obligación legal de publicar sus concursos y adjudicaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Otro aspecto que condiciona la falta de democracia en los organismos públicos es el libre acceso a la información. Para mermar el conocimiento de los ciudadanos sobre sus obligaciones y derechos, se reconvierte la ya de por sí farragosa nomenclatura administrativa en el códice Calixtino. Silencio administrativo ante las peticiones ciudadanas, trato incorrecto a los demandantes, negativa injustificada a la hora de facilitar información o la inejecución de las propias resoluciones adoptadas pueblan el panorama actual de los derechos y libertades de los contribuyentes.
Los catedráticos de Ciencia Política José Ramón Montero y Mariano Torcal enfatizaban en un estudio publicado en El País que hacen falta mayores dosis de información, vigilancia y participación que permitan el control de los partidos. Aunque con ciertas dosis de optimismo, entendían que, si los ciudadanos no piden cuentas a los candidatos ni castigan a los corruptos, todo se hace mucho más complejo.
Sin embargo, cuando la honestidad y la decencia no acuden a las elecciones, se antoja muy complicado volver a creer en la política de siempre.
@LuisfeblesC