Después de más de 14 años de instrucción judicial, el juez de refuerzo del Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife Marcos Díaz Peteiro ha dictado una contundente sentencia que condena a penas de cárcel e inhabilitación e impone sanciones económicas a los tres acusados por las irregularidades en la construcción del centro comercial El Trompo, en La Orotava: el exalcalde villero Isaac Valencia Domínguez (CC), el empresario y constructor Ambrosio Jiménez y el secretario municipal del Ayuntamiento orotavense, el funcionario Juan Carlos de Tomás Martí.

El juez desestima uno por uno los argumentos de las defensas de los acusados y considera que los tres actuaron a sabiendas de que cometían una ilegalidad.

Isaac Valencia y Juan Carlos de Tomás son condenados como "autores criminalmente responsables" de delitos de prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio, "con la concurrencia de la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas", a dos años de prisión, ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, multa de 4.200 euros, inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción por tiempo de un año e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante dos años.

Además, tendrán que hacer frente al pago de un tercio de las costas procesales y de un tercio del coste de la demolición de los 2.137 metros cuadrados del centro comercial que aún incumplen el planeamiento urbanístico.

Ambrosio Jiménez recibe una condena menor como "autor criminalmente responsable de un delito contra la ordenación del territorio, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada", a las penas de 5 meses de prisión, multa de 3.000 euros, inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción por tiempo de 5 meses e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de 5 meses; así como al pago de un tercio de las costas procesales.

El juez también ordena la demolición de 2.137,20 metros cuadrados de El Trompo, pero no de forma inmediata. Plantea que "una vez sea firme la presente resolución, en ejecución de sentencia", se nombre a un perito que determine "el modo de llevar a cabo la demolición de la obra respetando, en lo máximo que sea posible, los derechos de los titulares de establecimientos en el centro comercial". El coste de esa demolición tendrán que abonarlo, a partes iguales, Valencia, Jiménez y De Tomás, "así como las indemnizaciones que correspondan a cualquier tercero de buena fe afectado por la demolición".

En la extensa sentencia, que ocupa 79 páginas, el juez hace afirmaciones tan contundentes como que Valencia y De Tomás "conocían la ilegalidad de la actuación que estaban teniendo, y se coordinaron para conseguir el resultado final: la aparente legalización del edificio el Trompo", o que Jiménez "nunca fue un mero espectador que se limitó a estampar su firma. (...) Debe tenerse siempre presente que no nos encontramos ante una pequeña construcción de una vivienda familiar individual, sino ante una de las mayores obras que se llevó a cabo en La Orotava en aquellos años. La alegación de desconocimiento no es razonable ni creíble".

"Siendo consciente de las ilegalidades del expediente, Juan Carlos de Tomás, puesto de común acuerdo con Isaac Valencia, solicita los servicios de Luciano Parejo para intentar justificar lo que no era justificable. Así, en un fin de semana, obtiene un informe jurídico que le sirve de base para la legalización de El Trompo. Se creó una apariencia de legalidad y, con base en esta apariencia, se llevó a cabo la propuesta de concesión de la que acabaría siendo la licencia", explica el juez.

Además, ataca con dureza el informe elaborado por el catedrático de derecho administrativo Luciano Parejo, con frases como que "sus conclusiones no se sostienen"; "el perito incurre en graves contradicciones y altera la recta interpretación de las normas jurídicas", o que "su actuación es plenamente parcial, interesada, y sirve a un interés privado, el del alcalde, el secretario del Ayuntamiento, y el del promotor, pero no al interés del Ayuntamiento de La Orotava, por el que fue contratado".

Contra esta sentencia se puede interponer, en un plazo de diez días, un recurso de apelación que analizará la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Isaac Valencia

exalcalde

"Legalizó unas obras claramente ilegales"

Sobre el exalcalde, el juez dice que "tuvo conocimiento del contenido del expediente, de la falta de trámites esenciales y, aún así, decidió firmar el decreto de legalización de unas obras claramente ilegales. Con su firma permitió la construcción en un terreno donde no se podía construir"./ á.h.

Juan Carlos de Tomás

secretario

"No respetó los trámites legales"

La sentencia señala que autorizó que el expediente "se tramitara sin respetar los trámites legales, con conocimiento de la ilegalidad que suponía (...). Elevó a la Alcaldía una propuesta favorable a la legalización de la obra. Y faltó deliberadamente al cumplimiento de sus funciones"./ á.h.

Ambrosio Jiménez

constructor

"Construyó en suelo rústico y zona verde"

El juez sentencia que "era conocedor de que El Trompo se construía sobre suelo rústico y zonas verdes (...), terreno donde no se podía ejecutar una edificación de esa naturaleza. Pese a conocer que según el PGO vigente nunca se podría autorizar allí esa construcción, decidió llevarla a cabo"./ á.h.