La Fiscalía ha remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos del Puerto de la Cruz su escrito de conclusiones provisionales con el que solicita la apertura de juicio oral contra el exedil del PP del Puerto de la Cruz Luis Miguel Rodríguez, al que acusa de malversación de caudales públicos por gastar en el año 2011 un total de 9.304 euros en llamadas y conexiones a internet con el móvil corporativo que pagaba el Ayuntamiento de la ciudad. El fiscal solicita para el exconcejal popular las penas de 15 meses de prisión, tres años y seis meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público, inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante 15 meses y el pago de las costas procesales.

El fiscal recuerda que Rodríguez desempeñaba en 2011 el cargo de concejal de Recursos Humanos, Empleo y Seguridad en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Y que, como edil responsable de esas áreas, se le proporcionó una línea de telefonía móvil "cuyos gastos corrían a cargo de la citada administración local y cuya finalidad era, exclusivamente, la de ser un instrumento para la realización de su labor como concejal".

"El acusado, con pleno conocimiento de lo expresado, durante todo el año 2011 utilizó el teléfono móvil que le había proporcionado el ayuntamiento para mantener conversaciones ajenas a su función", según explica el fiscal, quien añade que "realizó en 2011 un total de 2.496 llamadas al número de teléfono de una única usuaria".

De esas 2.496 llamadas, 130 de ellas fueron de una duración superior a 30 minutos. "Llamadas que se producían a cualquier hora del día o de la noche, tanto en días laborables como en sábados, domingos y festivos, teniendo todas esas llamadas una naturaleza estrictamente privada y totalmente ajena al ejercicio de su cargo y de las funciones derivadas del mismo", según el fiscal.

"Con esta forma de actuar, el acusado provocó que el Consistorio tuviera que pagar a la compañía Movistar, con quien tenía contratada la línea, un total de 9.304 euros por el consumo realizado exclusivamente en esa línea por el acusado, de los que ha reintegrado al ayuntamiento un total de 6.000 euros", explica.

La devolución de estos 6.000 euros a las arcas públicas permite que Rodríguez se pueda beneficiar de la circunstancia atenuante de "reparación del daño".

Rodríguez será juzgado por un jurado popular en un proceso en el que se ofrecerá al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz la posibilidad de personarse como "perjudicado directo".

Aparte del interrogatorio del acusado, la Fiscalía reclama que se llame a testificar a la mujer que recibió 2.496 llamadas de Luis Miguel Rodríguez durante el año 2011, y que se recupere el testimonio del fallecido Marcos Brito.