El alcalde de La Orotava, Francisco Linares (CC), aseguró ayer que, pese a formar parte del grupo de gobierno villero en la época en la que se cometieron irregularidades en el proceso de construcción y legalización de la obra del centro comercial El Trompo, no considera que tenga responsabilidades políticas en el caso, tal y como ha reclamado Iniciativa por La Orotava (IpO): "No me siento corresponsable en el caso de El Trompo. Se trata de una firma unipersonal que el anterior alcalde hizo en el año 2002, con los informes favorables. Ni siquiera teníamos que tener conocimiento los miembros de aquel grupo de gobierno de esa firma, como ahora yo no tengo conocimiento de las firmas que hace el concejal de Urbanismo".

"No me siento corresponsable ni responsable de algo que se hizo 14 años atrás, cuando mis únicas competencias eran Educación y Cultura", detalló Linares.

"Se trata de una licencia urbanística que no se votó en el pleno, ya que las competencias eran del alcalde, que firmó de acuerdo con los informes que tenía. Otra cosa es la interpretación jurídica del juez", dijo en referencia a la condena en primera instancia que afecta a Isaac Valencia (CC); al constructor Ambrosio Jiménez y al secretario municipal.

Linares calificó la primera valoración de IpO de la sentencia como un "juicio político" e insistió en que no se le puede responsabilizar de algo en lo que no participó "porque no me correspondía".

Respecto al futuro del secretario del Ayuntamiento de La Orotava, Juan Carlos de Tomás Martín, condenado en primera instancia a dos años de cárcel y ocho años de inhabilitación para empleo y cargo público, como el exalcalde, Linares recalcó: "Pertenece al cuerpo de funcionarios habilitados del Estado y mis competencias sobre su cargo son cero".

"La sentencia no es firme, está en primera instancia, y supongo que los afectados la recurrirán primero a la Audiencia Provincial y puede que luego al Tribunal Supremo y hasta al Constitucional. Mientras no sea firme, no sé lo que pasará ni lo que piensa hacer el funcionario", explicó Linares.

"No tengo competencias para pedirle que se quede ni para pedirle que se vaya", sentenció.

"Teníamos razón cuando denunciamos la ilegalidad"

El PSOE de La Orotava hizo público ayer un comunicado en el que afirma que, tras la sentencia del caso El Trompo, "se demuestra que teníamos razón cuando en su día denunciamos la ilegalidad de las obras del centro comercial El Trompo. Fuimos duramente criticados, acusados de mentir y de usar los medios de comunicación para sembrar alarmismo. Pero la sentencia que declara culpables de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio a los tres acusados confirma nuestras sospechas".

Los socialistas consideran que el gobierno municipal de CC "dio todo tipo de facilidades para favorecer intereses que iban en contra de los intereses mayoritarios de los ciudadanos de este pueblo. Se fundieron estrategias políticas y empresariales en detrimento del municipio y que para ello contaron con quien debía haber velado por el cumplimiento escrupuloso de la Ley, el secretario general del ayuntamiento, manchando, de esa manera, el buen nombre de la institución y del pueblo".

El PSOE exige "una explicación al actual gobierno local, así como la asunción de responsabilidades políticas y morales. En las reuniones de la Junta de Gobierno donde quedaban aprobadas por unanimidad muchas resoluciones que conformaron el grueso del expediente con el que se ha condenado a estas personas, se sentaban buena parte de los que, hoy en día, forman el gobierno villero".