El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Icod de los Vinos ha admitido recientemente a trámite una querella del Ayuntamiento de Buenavista del Norte -presentada en mayo de 2015, cuando aún gobernaba Sí se Puede- contra los exalcaldes socialistas Aurelio Abreu, actual vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y consejero de Cooperación Municipal y Vivienda, y Víctor Manuel Lorenzo, ahora retirado de la vida política. El gobierno de SSP acusó a Abreu y Lorenzo de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por su intervención en la obra del inconcluso centro social del barrio de La Cuesta, en Buenavista. SSP sostiene que el consistorio recibió y justificó subvenciones suficientes para acabar los trabajos, pero no lo hizo.
En el auto judicial de admisión a trámite de la querella, dictado el 22 de agosto, se detalla que el Ayuntamiento de Buenavista, actualmente gobernado por PSOE y CC, ya ha subsanado el defecto de la falta de un poder especial para su abogada. Un error que SSP considera una maniobra dilatoria.
SSP ya acusó en septiembre de 2015 a la actual alcaldesa de intentar paralizar este proceso judicial para defender a sus compañeros de partido. El Pleno, donde el PSOE no tiene mayoría, instó al grupo de gobierno a seguir adelante con esta querella que interpuso en mayo de 2015 el gobierno de SSP y que ahora continuará el gobierno PSOE-CC. Los socios nacionalistas del PSOE votaron junto a SSP a favor de la continuidad de la querella.
El Juzgado icodense establece ahora que el procedimiento debe entenderse incoado con fecha 30 de octubre de 2015, puesto que considera que la providencia dictada en esa fecha "ya suponía la admisión tácita de la querella".
La formación política SSP está personada en la causa como acción popular.
Entre las diligencias que ordena el auto destaca la toma de declaración a la actual alcaldesa de Buenavista, Eva García (PSOE); al exalcalde Antonio González Fortes (SSP), y al arquitecto técnico del consistorio. También se plantea el interrogatorio de los dos querellados.
Aurelio Abreu aseguró ayer a EL DÍA que este centro se empezó a construir mediante un taller de empleo, "un proyecto de formación que ejecutó una primera fase"; rechaza las acusaciones de SSP, y muestra "absoluta tranquilidad" ante este proceso judicial, "que ya archivó la Fiscalía en su momento".
SSP insiste en que el ayuntamiento "recibió más de 300.000 euros para concluir las obras del centro social de La Cuesta, sin que se realizara ningún avance en ellas. Asimismo, aunque el ayuntamiento ha recibido financiación suficiente, incluso para la compra de muebles, las obras continúan en su fase inicial y el edificio carece de instalación eléctrica o carpintería interior y exterior".