Iniciativa por La Orotava (IpO) ofreció ayer una rueda de prensa en la que valoró de forma "muy positiva" la reciente sentencia por el caso del centro comercial El Trompo (que condena a penas de cárcel e inhabilitación al exalcalde nacionalista Isaac Valencia, al secretario del ayuntamiento, Juan Carlos de Tomás, y al empresario Ambrosio Jiménez), y aseguró que este pronunciamiento judicial es también "una condena para Coalición Canaria y su forma de proceder respecto a la implantación de las grandes superficies comerciales en La Orotava".
Para José Manuel Hernández (IpO), "fue CC, y no sólo Isaac Valencia, la que apostó clara y decididamente por la construcción ilegal de este centro comercial".
El exedil de IpO insiste en pedir la dimisión del alcalde, Francisco Linares, y los ediles Juan Dóniz y Narciso Pérez "porque formaron parte del grupo de gobierno en aquella época y los consideramos corresponsables directos de las irregularidades cometidas. No participaron en el expediente, pero eran conocedores de lo que ocurría y apoyaron al exalcalde Isaac Valencia en las decisiones que han generado estas condenas. Su responsabilidad política es clara. Sabían que se estaba cometiendo una ilegalidad y no hicieron nada".
Hernández también criticó al presidente regional, Fernando Clavijo (CC), por "su desconocimiento de la sentencia" y por "dar a entender que se debe a un exceso de volumetría, cuando eso no es verdad. Esta sentencia condena a los que permitieron que se construyera un edificio de más de 25.000 metros cuadrados sin licencia y en suelo rústico. Se trata de un delito muy grave cometido por uno de los mentores de CC, no es ninguna nimiedad ni un despiste. Fue, como dice la sentencia, una acción premeditada y coordinada entre los tres condenados para saltarse la legalidad y favorecer los intereses empresariales de Ambrosio Jiménez".
Tal y como hizo anteayer USP, IpO solicitó al gobierno villero (CC) que realice las gestiones oportunas para "suspender cautelarmente de todas sus funciones al secretario municipal, ya que aparte de estar condenado a dos años de prisión y ocho de inhabilitación por este caso, se enfrenta a un nuevo proceso judicial por la posible falsificación de un documento público". Por ello solicitan que se realice una consulta a Función Pública sobre "la situación del condenado".
El exportavoz de IpO acusó a CC de decir interesadamente que este caso generará la pérdida de puestos de trabajo en El Trompo, "cuando la realidad es que el derribo de los 2.137 metros que incumplen el planeamiento no generará la pérdida de ningún empleo"
Hernández lamentó que "el PSOE intente ahora rentabilizar un trabajo político de IpO, presentándose como adalides de las denuncias sobre este caso".