Con el inicio hoy del juicio del caso de Las Teresitas se cierra una etapa a lo largo de la cual se ha llevado a cabo una de las investigaciones policiales y judiciales más aparatosas de nuestra historia doméstica. Mientras que algunos sólo ven un trasfondo político, otros creen más que justificado el interés por llegar hasta el fondo de este asunto. Enrevesado y sospechoso como pocos.

Durante los últimos años se ha estudiado con un detallismo oriental todo lo ocurrido tras 1998, momento en el que la Junta de Compensación vendió por primera vez los terrenos. Es el final de un principio que se ha hecho demasiado largo para algunos y el inicio de un final que se antoja inmediato.

Durante las próximas semanas lo que se va a juzgar trasciende lo presuntamente delictivo y se convierte más bien en el análisis a toda una época. A una especial forma de entender los negocios y la política. Tanto junto como por separado.

Son trece los políticos, técnicos y empresarios que se sientan en el banquillo, acusados de utilizar el dinero público para favorecer a unos pocos. En realidad a sólo dos. A los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, quienes obtuvieron de la compraventa de los terrenos del frente de la playa unos beneficios totales que suman los 150 millones de euros, sin arriesgar apenas nada. No son demasiados los negocios en Canarias con los que se pueden conseguir cifras de este calibre. Porque precisamente es la envergadura de la operación en la que se esconde su propio pecado.

En realidad, todo lo que tiene que ver con esta operación ha estado rodeado de brumas desde el principio. González y Plasencia deciden comprar justo cuando desde el Tribunal Supremo se acuerda que se puede construir en el frente de la playa. Lo extraño es que demostraron un inusitado interés en cerrar la operación antes de que el fallo de los jueces se hiciera público, lo que siempre hizo sospechar de una filtración multimillonaria e interesada.

La empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) se crea en dos días y en ese tiempo sus directivos piden un crédito de nada menos que de 33 millones a CajaCanarias. El problema es que como González era consejero se tuvo que buscar a un empleado mileurista para que solicitara el préstamo por él. Efectivamente lo consigue, pese a que en teoría el trabajador tendría que haber alcanzado la edad de Matusalén para hacer frente a la cantidad solicitada.

La multimillonaria compra durmió el sueño de los justos durante tres años. Fue en ese momento cuando el ayuntamiento comienza a mostrar interés en adquirir los terrenos, lo que en realidad era una vieja aspiración de ATI. El entonces alcalde, Miguel Zerolo, justificaba la operación en dos patas fundamentales. Por un lado las peticiones de los vecinos que querían una playa virgen de construcciones y los informes favorables de los técnicos.

Bueno, esto último no era del todo verdad. La arquitecta municipal Pía Oramas valoró los terrenos en apenas 17 millones frente a los 54 que había acordado Zerolo con los empresarios. Con el tiempo la tozuda negativa de la arquitecta, que poco después abandonaría la Gerencia de Urbanismo denunciando presiones, dio lugar a que el Supremo anulara la compra.

La rapidez con la que el ayuntamiento cerró el expediente es modélica e inédita en la historia de la Administración pública mundial. Por ello, en aquellos tiempos corrían los rumores de pagos bajo mesa. Única manera que los vecinos entienden que puede funcionar una institución con diligencia. Pero lo cierto es que finalmente la recurrente sospecha de sobornos quedaría archivada por falta de pruebas.

Zerolo logró convencer a casi todos de la bondad de la operación. O al menos a los que hoy se sientan junto con él en el banquillo de los acusados. Durante años las denuncias contra la adquisición de Las Teresitas caían en saco roto. Pero no fue hasta que se creó la Fiscalía Anticorrupción en 2003, por parte del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, cuando la perspectiva y sobre todo las resoluciones judiciales comenzaron a cambiar.

Un colectivo llamado Ínsula Viable, formado por socialistas, presentó una denuncia que fue estudiada con mucho detenimiento por la fiscal María Farnés. En realidad, el texto había sido escrito por Santiago Pérez, quien ejercía de secretario insular del PSOE durante los turbulentos años de la compra y que no tuvo reparos en echar del partido a los concejales que votaron a favor de la operación. A partir de aquí se creó un cisma en el PSOE que aún hoy continúa.

Poco tiempo después la Fiscalía hizo suya la querella y la presentó formalmente a finales de 2006 en medio de un revuelo informativo sin demasiados precedentes en nuestra historia.

Zerolo quedaba formalmente imputado, término con el que se acabarían familiarizando los ciudadanos e inauguraba una larga sucesión de casos de corrupción que desde entonces han saltado a los medios de comunicación de todo el país.

En aquel entonces el alcalde hizo famosa una frase suya: "Puedo haber metido la pata pero no la mano", vino a decir.

A partir de ese momento, el caso Las Teresitas raramente ha dejado de ser noticia. Cada cierto tiempo los medios de comunicación dan a conocer un nuevo detalle, un nuevo matiz. Por ejemplo, se supo que un tercio de los terrenos comprados eran dominio público de Costas y que otro tanto por ciento, muy elevado, ya era propiedad municipal. Las resoluciones judiciales invariablemente han ido en contra de los empresarios y del ayuntamiento.

Despojadas las distintas capas, el caso ha quedado reducido a su más pura esencia. Las sospechas se han transformado en acusaciones y estas apuntan a que el ayuntamiento no cumplió con su ineludible deber de velar por el interés general sino más bien todo lo contrario. O al menos eso es lo que parece.