La consejera Rosa Dávila reconoció ayer a regañadientes que el Gobierno de Canarias se prepara para un adelanto en el cierre del presupuesto regional de este año, un cierre que podría producirse con carácter inminente, a finales de este mes, o quizá un poco más adelante, el 30 de octubre. La fecha del cierre no se sabrá hasta que la consejera se reúna con el ministro Montoro. La consejera ha explicado que el adelanto se produciría si el Gobierno de la nación retiene a Canarias una cantidad de poco menos de 400 millones de euros, fruto a su vez de una decisión parecida adoptada por el Gobierno de Rajoy en julio.

En efecto, el Gobierno en funciones también adelantó su propio cierre presupuestario del ejercicio 2016 al pasado mes de julio -el día 20 de ese mes, con una orden sorpresa publicada en el BOE- por la que se disponía la congelación total del presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias de este año, para poder cumplir así con los objetivos de Estabilidad Presupuestaria pactados con Bruselas. Tras la condonación de la multa a España por incumplir el déficit, al Gobierno nacional no le quedaba más remedio que meter el freno a un gasto que -en todas las administraciones- se ha relajado bastante en los últimos meses, quizá porque el Gobierno de la nación dio un pésimo ejemplo con la reducción de los impuestos y la restitución a los empleados públicos de la situación previa al inicio de la crisis.

Mucha gente piensa que el adelanto del cierre del presupuesto es unas de decisión administrativa sin más trascendencia, un asuntos de los políticos y que no afectan a nadie. No es en absoluto así. Cuando se materialice, el adelanto del cierre en Canarias va a suponer un importante quebranto para miles de personas. No sólo para los funcionarios, que van a ver las plantillas completamente congeladas, sin posibilidad alguna de sustitución, también para empresas y organizaciones que trabajan para el Gobierno y que no podrán cerrar nada en los próximos meses. El Gobierno y la administración no pueden ni iniciar expedientes ni comprometer ningún tipo de gasto desde que se tome la decisión. Es como cerrar el Gobierno a toda actividad. Sólo se pagan los sueldos y los compromisos ya adquiridos. El Gobierno de Rivero aplicó un adelanto de cierre presupuestario en 2009, y la Administración tardó dos años en recuperarse del impacto de esa medida. Si el Gobierno de Clavijo finalmente recurre al cierre para cumplir con el déficit y los objetivos de estabilidad, será una pésima noticia. Entre otras cosas, no dará tiempo para gastarse ni un duro de los fondos del IGTE, sobre cuya distribución llevan peleándose el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno regional inútilmente durante todo este año. El dinero está en los presupuestos, ya incorporado, pero no ha dado tiempo de preparar los proyectos y sacarlos a concurso público, con lo que no podría abonarse ni un céntimo para ponerlos en marcha.

Clavijo y su Gobierno han defendido que esos recursos se destinen a inversiones productivas en su mayor parte, como mecanismo para incentivar el empleo. La pregunta que se hace cada vez más gente es que si no pueden gastarse... ¿no sería mejor destinarlos esos cuartos a tapar el agujero en Sanidad? Eso serviría para evitar el sufrimiento y las demoras en la atención a miles de pacientes, cumpliendo además los objetivos de déficit, una de las grandes obsesiones del presidente. El Gobierno quizá debiera replanteárselo.