La sesión del juicio de Las Teresitas celebrada ayer se centró en dos cuestiones fundamentales: la concesión en 1998 del crédito de más de 30 millones por parte de CajaCanarias a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), y la responsabilidad de los presidentes de la Junta de Compensación, Jerónimo Delgado y José Delgado, en la operación de compraventa y en la cesión de terrenos al ayuntamiento.

En el primer caso, tanto el empresario Amid Achi como el director de la comisión de control de CajaCanarias, Juan Gutiérrez Pérez, confirmaron una serie de irregularidades en la concesión del préstamo. Incluso, Achi reveló que por aquellas fechas recibió amenazas y presiones por parte del vicepresidente de la entidad financiera, Nicolás Álvarez, para que no se opusiera a la concesión del crédito como había hecho en la reunión en la que se trató este asunto. Por ello, el empresario y consejero de la entidad aceptó cambiar su inicial voto negativo a la abstención, como apareció luego recogido en el acta.

"Al principio me opuse enérgicamente, pero luego este señor me dijo que si seguía oponiéndome iba a tener problemas y consecuencias muy negativas para mis empresas. Me metió el miedo en el cuerpo y por eso cambié el voto", dijo. La negativa del empresario se basaba en hechos como que se concedía un crédito por importe superior al valor de los terrenos y antes de que se diera a conocer el contenido del fallo del Tribunal Supremo (TS), que posteriormente sí permitiría construir en el frente de la playa.

"Ha sido el préstamo más importante que se ha dado a una entidad privada en la historia de CajaCanarias", dijo. Achi también cuestionó que la operación fuese solicitada por un trabajador del empresario Ignacio González sin capacidad para devolverlo o que la empresa aún no estuviera formalmente constituida. Por lo tanto, pidió que tal y como ocurre en otras ocasiones, fueran los auténticos responsables de la solicitud, los empresarios González y Antonio Plasencia, los que avalaran con sus propiedades el crédito. Dijo también que el presidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, y el director, Álvaro Arvelo, fueron los que defendieron la conveniencia de llevar a cabo la operación.

El secretario de CajaCanarias, Pedro Afonso, sin embargo, intentó demostrar que todo se había llevado a cabo de forma correcta. Negó que el exalcalde, Miguel Zerolo, estuviera presente en la primera reunión y no sabe si en la segunda en la que se ratificó este acuerdo.

Mientras, el presidente de la Comisión de control de la entidad, Juan Gutiérrez Pérez, también ratificó las irregularidades que se sucedieron en aquellos días. Recordó que fueron Arvelo y Núñez los que asumieron las riendas de la operación e intentaron convencerlo de su conveniencia dada la capacidad económica de los empresarios, que eran clientes de toda la vida y que podían dirigirse a otra entidad.

Suspendida la declaración de José Delgado

En cuanto a las declaraciones de los expresidentes de la Junta, se tuvo que suspender la de José Delgado, al que su avanzada edad le impedía recordar los hechos, pese a que el médico forense había avalando su comparecencia. Delgado ejerció de presidente en los primeros años de funcionamiento de la entidad y luego fue retirado tras el nombramiento de Mauricio Hayek como asesor jurídico. Hace años denunció todo lo ocurrido a raíz de su cese y mostró sus discrepancias sobre cómo se gestionó la entidad en los años siguientes hasta consumarse la venta a ILT en 1998.

Por su parte, Jerónimo Delgado, está acusado de supuesta apropiación indebida en una pieza separada del caso Las Teresitas, cuya vista oral comenzará el próximo mes de octubre. Indicó que en 1998 intentaron vender los terrenos al ayuntamiento, pero que en aquel entonces solo le ofrecían 800 millones de pesetas, casi cinco millones de euros. Tres años más tarde, la Corporación local aceptaría pagar 52 millones.

Dijo que la Junta había devuelto al Ayuntamiento la totalidad del dinero comprometido en 1967 para llevar a cabo las obras en la playa a cambio de la cesión de terrenos como garantía.

En concreto, abonaron 39 millones de pesetas en efectivo y los restantes 11 millones se aportaron a través de un aval del Banco Popular. En el año 2001 la Corporación local requeriría el pago de esta última cantidad o de lo contrario advertía con que seguiría siendo dueña de los 63.700 metros cuadrados aportados, que sin embargo, el ayuntamiento volvería a comprar en esa misma fecha. No recordaba que se hubieran entregado también terrenos a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario en el año 1989. Ante la escasez de fondos decidieron vender las parcelas en 1998 y entablaron conversaciones con el ayuntamiento que no prosperaron y con los empresarios que finalmente las adquirieron. Delgado, en todo momento, derivó la responsabilidad de los escritos firmados por él mismo en aquellos días a Hayek, de la mayoría de los cuales aseguraba no acordarse de su contenido.

Santiago Pérez

Hoy tan solo ha sido llamado a declarar Santiago Pérez, redactor de la denuncia contra la compra de la playa y que ejercía de secretario insular socialista por aquellas fechas. El jueves le tocará el turno al asesor jurídico de la Junta, Mauricio Hayek, al anterior portavoz de los vecinos de Las Huertas que reclaman la titularidad de varias parcelas, Guillermo Acuña, al exabogado de la Gerencia de Urbanismo, Ruymán Torres, que encontró los documentos en los que se certifica que el Ayuntamiento volvió a comprar parcelas que ya eran suyas e Isabel Cubas, anterior directora de los servicios jurídicos de la Corporación local. La comparecencia de testigos se cerrará el viernes con la intervención de Rodolfo Núñez, exdirector de CajaCanarias.