"Óscar, no mientas, ayuda de verdad", "¿Esto es lo que entiendes por arreglar?" o "Arregla lo que es injusto". Son solo algunos ejemplos de las cartulinas que ayer mostraron los representantes de las 140 familias afectadas -70 por centro- ante el concejal de Asuntos Sociales, Óscar García, durante una comisión de control al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz que protagonizaron al llenar la sala García Sanabria.

El objeto de la controversia es el pago establecido para el servicio de las escuelas infantiles municipales, Tara (Añaza) y Faina (Ofra). Hasta el curso pasado era gratuito pero la nueva ordenanza establece que deben abonar una cuota que va de 16 a 298 euros.

Ángel Mesa, portavoz del colectivo, valoró: "Nos sentimos engañados por el concejal después de las reuniones mantenidas. El cronograma -lo reflejaba una de las pancartas- es claro: el 8 de marzo se abrió el plazo de matrícula, el 8 de julio se publicaron las listas definitivas y tres días después, el 11, las tarifas. No tuvimos información ni tiempo de plantear otra opción. Quedamos indefensos y por eso pedimos que se suspenda hasta el curso que viene".

Mesa dijo que "fuimos diez familias las que planteamos ir a la vía judicial, entre ellas las siete que debemos pagar la cuota más alta. Incluso, nueve padres de Faina pagaron porque no sabían que estamos organizados y solicitan que les devuelvan el dinero. La mayoría nos arropa y vamos a mantener unidos esa denuncia".

García, por su parte, ante el cuestionamiento de la oposición, apeló a que la ordenanza "está aprobada por unanimidad y en vigor". Dejó claro que "la suspensión no cabe legalmente" y señaló que "la reclamación para aplazar el pago no es posible, conforme a los informes del expediente".

Expedientes, servicios jurídicos e informes técnicos fueron los avales del concejal del PP, protagonista casi único ayer en el debate sobre retrasos en las citas de las UTS, en el modelo de bonos para alimentos o en el proyecto de alquileres sociales. Afirmó que serán los siguientes expedientes en sacar adelante sin comprometerse un plazo concreto.

La oposición se ofreció a ayudar sin entender "cómo se ha tardado tanto" y reclamaron "más recursos materiales y humanos" para el área. Incluso Enrique Rosales, ayer muy activo, llegó a proponer a los 22 trabajadores de la Recaudación Voluntaria que deben ser readmitidos.

Comisión de control atípica por rápida, aunque con la misma sensación de fastidio por tener que comparecer en el grupo de gobierno e insatisfacción entre la oposición. Todo entre la incomodidad para poder trabajar y una acústica manifiestamente mejorable.

"Tendría que pagar usted el informe del mamotreto"

La comisión de ayer, presidida por Zaida González (PP), que abrió el nuevo curso, fue de las más rápidas de los últimos años pero quedó prácticamente "mutilada". En una comparecencia ni siquiera hubo compareciente. Sí se Puede citó a Garcinuño como edil de Urbanismo para hablar de PROSA pero respondería el de Obras, Díaz-Estévanez. Estaba en una mesa de contratación y alegó que él no lo sabía. Además de lo social, solo se trató sobre el informe pedido por Garcinuño sobre el mamotreto. Alusiones al PSOE en la Gerencia, a la sentencia de derribo o al Plan Especial de Las Teresitas y un dato: costó 16.000 euros, más IGIC. Arcila le espetó: "Si tenía dudas, debió pagarlo de su bolsillo y no con dinero del erario público".