En una concatenación de grietas, terremotos y heridas, algunas en vías de curación, pero aún con incertidumbre, como la censura de Granadilla, el pacto regional vive días intensos que, el pasado martes, dejaron una muesca considerable en el PSOE. Tres de sus 15 diputados se ausentaron en la votación de la llamada ley turística de Islas Verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) y ese hecho va a ser abordado en una próxima reunión del grupo porque existen interpretaciones totalmente contrapuestas sobre quién ha sido desleal con quién. En el trasfondo, subyace la ley del suelo que, durante la última ejecutiva regional socialista, evidenció la palpable distancia existente en, al menos, dos grupos relevantes del partido.
La clave de lo del martes radica en si la nueva ley ha supuesto, en el fondo, aprobar para esas islas artículos y apartados polémicos de la normativa del suelo para todo el Archipiélago (como la pérdida de control regional ambiental definitivo), texto que aún ha de pasar por el proceso parlamentario. Los diputados Gustavo Matos, Gabriel Corujo y María Dolores Corujo así lo entienden, según confirman a EL DÍA los dos primeros.
En opinión de ambos, en realidad la deslealtad se ha producido entre los promotores de la norma, principalmente el diputado palmero Manuel Marcos (aunque el texto inicial procede del Cabildo de La Palma), por llevar a la reunión del grupo del lunes unas enmiendas acordadas con CC al margen del debate interno y en sentido contrario a lo expuesto en dicha ejecutiva, en la que se pospuso la postura del PSC sobre el suelo en aras de un mayor consenso.
A estos diputados se unió la ausencia de la conejera María Dolores Corujo, cuya significación política resulta considerable al tratarse de la presidenta del grupo y por haber sido la portavoz en la Cámara sobre la ley del suelo.
Estos diputados niegan su indisciplina porque el gobierno "no perdió la votación" y creyeron que la mejor forma de dejar claro que no compartían ni las formas ni el fondo era ausentarse, algo que se ha dado en el pasado en diversos partidos. Además, sostienen que la prueba de que se iba en contra de la postura (aún no definida del todo) del PSC sobre el suelo es que Marcos presentó una enmienda in voce que trataba de corregir la situación, aunque fue rechazada por Podemos y no pudo, ni siquiera, votarse.
Marcos niega que se haya incumplido nada, se pregunta por qué no hablaron el lunes y, sobre todo, rechaza que la norma propicie el desarrollismo y la destrucción de la idiosincrasia de esas islas. Como CC, cree que asegura la sostenibilidad, respondiendo a las históricas demandas de desarrollo. A su juicio, y en línea con el secretario de Organización, Julio Cruz, ha habido una "deslealtad e indisciplina grave" que debe ser analizada. Cruz, de hecho, anuncia una próxima reunión en el grupo.
La Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible anunció ayer que emprenderá movilizaciones y una ofensiva jurídica contra la ley turística de las islas verdes, proceso que ha comenzado con una denuncia ante la Comisión Europea al entender que se infringen las directivas ambientales con un ataque directo al territorio. Representantes de la citada plataforma en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro detallaron ayer su estrategia tras la aprobación de la citada norma este martes en el Parlamento de Canarias, con los votos a favor de CC, PP, ASG y PSOE (con las citadas 3 ausencias y, en el fondo, rechazos), y la oposición de Podemos y NC.
Denuncian la ley ante la Comisión Europea
La denuncia la ha redactado el profesor de Derecho, exdiputado regional y ahora edil de NC en La Laguna, Santiago Pérez. A su juicio, esta ley turística supone un fraude y una infracción de las normas y directivas comunitarias en materia de evaluación ambiental y participación ciudadana, por lo que se pide a la Comisión Europea que actúe ante el Gobierno central para que proceda a su suspensión.
De no atender este posible requerimiento comunitario, Pérez entiende que la Comisión procedería a demandar al Gobierno estatal ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE, que puede tener la iniciativa de proceder a la citada suspensión si observa las infracciones "a primera vista y sus efectos irreparables en el medio ambiente". Según recalcó, el Parlamento canario "se ha saltado" la evaluación ambiental desde el principio y, al aprobar la ley, "dificulta la impugnación judicial", en lo que calificó de "dictadura de hechos consumados".