A medida que avanza el juicio de Las Teresitas, ante las escasas sorpresas -aunque muy ruidosas- que se producen en las declaraciones de los testigos, uno se pregunta si este juicio resolverá finalmente las dudas que aún existen sobre el caso, si servirá para hacer justicia de verdad, o al final contribuirá a alimentar la frustración y desconfianza de los ciudadanos ante el funcionamiento de los tribunales. Para empezar, parece muy difícil que la causa penal en marcha concluya con grandes penas: estamos ante un juicio por presunta prevaricación y malversación, no por cohecho. Prevaricar es dictar conscientemente una resolución injusta, malversar es usar recursos públicos en algo ajeno a su función, y cohecho es sinónimo de soborno a un funcionario público.

Este juicio no busca demostrar la existencia de cohecho, tipo penal descartado por la fiscalía, después de una investigación exhaustiva, que duró años, y en la que no se encontraron pruebas para montar una acusación por cohecho. Por eso, la extendida idea de que la compraventa movió sobornos y untamientos sin cuento, sobrevuela la sala del juicio, pero no acaba de aterrizar en su agenda. Lo que se juzga, lamentablemente, es tan sólo la actuación del alcalde, algunos concejales y funcionarios y los empresarios Plasencia y González, en la operación de recompra municipal de una propiedad adquirida por los empresarios. Esa propiedad, varias parcelas en el frente de playa y en el Valle de las Huertas, fue comprada por 30 millones gracias a un crédito concedido por la Caja en sólo seis días a una empresa recién creada. La propiedad fue vendida después en dos lotes por un total de 130 millones, de los que 50 fueron pagados por el ayuntamiento. Un ayuntamiento que -para poder abonar esa estratosférica suma- tuvo que endeudarse hasta las cachas y vender algunos de sus principales activos, como la empresa municipal de aguas, que fue privatizada.

Lo que se pretende con este juicio es determinar si los acusados prevaricaron o malversaron, aunque resulta muy difícil entender por qué a los empresarios se les imputan los mismos delitos, propios de funcionarios y políticos. Y es que hay muchísimas lagunas en la investigación y en el juicio: aprovechando la comparecencia como testigo de Rodolfo Núñez, expresidente de CajaCanarias, habría que preguntarse por qué quienes autorizaron el gigantesco crédito concedido a Inversiones Las Teresitas no fueron nunca imputados. Siempre he pensado que el caso Las Teresitas tiene tres ejes: la sospechosa y oportuna compra por los empresarios de los terrenos, el crédito multimillonario (el mayor de la historia de la Caja) y sin garantía alguna a esos empresarios, y por último la compra acordada por unanimidad por el ayuntamiento. Los dos primeros asuntos están por completo fuera del juicio. ¿Por qué lo están, siendo las claves del resto de la historia? ¿Por qué no parece ser importante averiguar quién filtró a los empresarios desde el Tribunal Supremo que se iba a poder edificar en Las Teresitas? Sin esa información privilegiada -constitutiva de delito- no habría caso. ¿Por qué no se averigua cómo y con qué intereses se devolvieron los cuatro millones que Plasencia le prestó de su bolsillo al presidente de la Caja tras la operación?

Este juicio ha despertado una enorme expectación, pero cuando sólo se han desarrollado unas pocas vistas, uno tiene ya la sensación de que va a dejar muchas preguntas -algunas de ellas las más importantes- sin respuesta alguna.