La sesión de la vista oral de Las Teresitas que tuvo lugar ayer sirvió para retomar el hilo que había quedado pendiente de la jornada anterior: la cuestionada titularidad de los terrenos ganados al mar tras las obras de la playa artificial. Tres técnicos del organismo estatal coincidieron en su intervención en que un tercio del suelo comprado por el Ayuntamiento era propiedad de Costas. En concreto, alrededor de 30.000 metros cuadrados de los 100.000, adquiridos en 2001.

La legislación vigente en los años sesenta permitía que este suelo pasara a pertenecer a quien ejecutaba las actuaciones, en este caso el ayuntamiento. Sin embargo, nunca se ha encontrado el acta de recepción, con lo cual permanecieron bajo la tutela de Costas. Ello no ha impedido que a lo largo del tiempo hayan sido objeto de sucesivas ventas y compras. En 1989 la Corporación local la cede a la Junta por 500.000 euros y en 2001 los adquiere a Inversiones Las Teresitas (ILT) por 17 millones de los 53 pagados.

El exjefe de Dominio Público, Juan Antonio Troya, intervino por videoconferencia para ratificar que existía la posibilidad de que el ayuntamiento fuera dueño de estas parcelas, siempre y cuando hubiese cumplido con determinadas condiciones. Lo que no ocurrió. Una sentencia de la Audiencia Nacional (AN), según la Fiscalía, ratifica que la concesión no se materializó. Troya negó el recurrente argumento de las defensas de que el fallo del Tribunal Supremo (TS) que en 1998 reconocía los derechos edificatorios también fijaba una nueva delimitación. En estos momentos se está revisando el deslinde de 2009, anulado por incurrir en un defecto de forma, y por orden de la AN se procede a justificar que los terrenos del fondo de la playa reúnen las condiciones para seguir siendo públicos.

La abogada de la Dirección General de Costas, Josefina Martín Limiñana, avanzó en el mismo sentido. Un deslinde no se puede fijar a través de una sentencia y en el caso concreto de la emitida en 1998, se limitaba a cuestiones urbanísticas. Ratificó que el ayuntamiento no era dueño de este suelo y no le consta que el contencioso haya sido resuelto.

José Ramón Martínez Cordero, ejerció como responsable de la gestión integral del dominio público. Apuntó que en varias ocasiones el ayuntamiento insistió que la línea discurriera a lo largo del muro con el fin de que los terrenos comprados quedaran fuera, coincidió en que la sentencia de 1998 no fijaba una nueva delimitación y que el deslinde de 2009 era muy similar al de 1961. La posibilidad de indemnizar por los derechos edificatorios se limita a los terrenos colindantes, en contra de lo que argumentan las defensas.

A partir de aquí la vista discurrió por otros derroteros. El responsable del negociado del Ayuntamiento, Ignacio González-Valenzuela, recordó que en una ocasión el exconcejal Manuel Parejo, ahora acusado, ordenó que ese mismo día se hiciera un informe sobre las plusvalías de la compraventa. Procedimiento que no era habitual. Confirmó que ILT no estaba exento de esta obligación y finalmente fijó el valor en 14 millones de pesetas. Pero acto seguido admitió que cometió un error del 40% en el cálculo. La decisión fue impugnada por ILT, sin prosperar.

Otro capítulo del juicio se centró en la primera tanda de intervenciones de los miembros del Consejo de la Gerencia de Urbanismo en 2001. El primero en comparecer fue Antonio Bello, de Coalición Canaria (CC), a quien se le tuvo que leer la declaración hecha en su día ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), para que recordara los hechos. El exconcejal lo único que rememoraba era una manifestación "de miles de personas" que pedían que no se construyera en el frente de la playa. Dijo que no recibieron ninguna consigna para votar en un sentido u otro y que la expropiación hubiera dado lugar a un contencioso judicial de, al menos, 20 años.

Díaz-Estébanez

El entonces concejal de Hacienda, José Alberto Díaz Estébanez, también de CC, recordó cómo se gestó la operación financiera: un 65% provino de los remanentes de tesorería y el resto de un préstamo con intereses muy bajos. Aseguró que la compra no generó ningún tipo de desequilibrio en las cuentas municipales. No conocía el expediente en profundidad, pero le bastó el dictamen positivo de Intervención y Secretaría. La transferencia a la Gerencia de Urbanismo se realizó a través de un cheque por valor de 5.687 millones de pesetas, el mismo día en que la compraventa se firmaba en el Registro de la Propiedad.

Basilio Franco

El exedil de CC Basilio Franco declaró que cuando votó sólo conocía aspectos generales del acuerdo, que consideraba positivo para Santa Cruz. "Me bastaba con saber que la legalidad estaba garantizada y no se veía afectada la capacidad financiera del ayuntamiento", dijo. Desconocía que existía una cuarta valoración, la de Pía Oramas, nunca incluida en el expediente, y dijo que no fue presionado al decidir su voto.