Con la huida de Fernando VII a Francia y el nombramiento de José I, hermano de Napoleón, como rey de España, aquellos que no querían obedecer al francés y sí a su rey, al que más de una vez llevaron en procesión como si de un santo se tratara, constituyeron las Juntas Supremas de Defensa, entre ellas la de Canarias, que dependía de la de Sevilla.

El clima que se vivió en los primeros momentos de 1808 fue de confusión por la falta de información, hasta que llegó la noticia de que el rey estaba fuera de Madrid y Canarias quedaba bajo el mando del capitán general Marqués de Casa Cagigal, el cual, si al principio decidió obedecer a José I, rectificó más tarde, poniéndose a favor de la Junta Suprema de Canarias.

La discordia entre Gran Canaria y Tenerife era de gran calado, sobre todo por la ubicación de diferentes instituciones, lo que motivó que en el tiempo por parte de Gran Canaria hubiera cierto hartazgo de la situación entre islas y lo que acontecía en España.

Esto dio origen a que ciertos miembros del Cabildo de Gran Canaria urdieran una conspiración para desligarse de España y establecer un gobierno canario con carácter separatista.

Esta conspiración tenía un programa de gobierno donde se destacaba negar toda obediencia al Consejo de Regencia y negar el nombramiento de Ramón Carvajal como comandante general de Canarias, y lo fundamental era que no había más autoridad legítima que la del pueblo, por lo que habría que proceder a nombrar un gobierno independiente y facilitar el acceso a los naturales de Canarias al despeño de cargos públicos.

Esto llevó a la formación de un gobierno provisional, lo que se pretendió que fuese apoyado por el Cabildo de Tenerife, el cual se negó.

La vuelta de Fernando VII y la derogación de las Cortes de Cádiz de 1812 supusieron, entre otras cuestiones, el apagamiento de aquellos movimientos emancipadores, llegando a su extinción en los de Gran Canaria, y reconversión de algunos "traidores" como Domingo Penichet, que pasó de ser uno de los máximos instigadores a pedir protección al rey por temor a consecuencias desagradables para sí.

Estos retazos históricos que hemos releído del libro de la Junta Suprema de Canarias de Buenaventura Bonnet y Reverón nos hacen comprender sangrantes cuestiones que existían entre Gran Canaria y Tenerife, lo cual se pretendió resolver con la división provincial inventada por Primo de Rivera.

¿Y qué consecuencias se pueden sacar de todo esto? Pues que la división provincial no valió de nada, los poderes ocultos continúan en ese empeño y la actitud política individualista canaria sigue latente y cada vez más acentuada en posicionamientos insularistas que hacen que el proyecto de la construcción nacional de Canarias vaya camino de la entelequia.