El pacto CC-PSC sigue vigente, aunque lo contrario puede ser cuestión de horas. Sin embargo, cualquiera que entrara ayer al comienzo del pleno del Parlamento regional y escuchara lo que le dijo el portavoz socialista al presidente, supuestos socios, tendría la sensación de que, en realidad, el PSOE ya está en la oposición. Y es que Fernando Clavijo, que tiene capacidad de encaje de críticas, pero no tanto si viene de un fuego eventualmente amigo, tuvo que aguantar cómo Iñaki Lavandera le espetaba que "todo el mundo tiene derecho a equivocarse" y que los 5 millones de euros añadidos que tendrá la consejería de Sanidad tras su anuncio del lunes supone una rectificación de sus propias palabras sobre el departamento, los gerentes de los hospitales y, sobre todo, el consejero, Jesús Morera.

Lavandera cree que Clavijo le ha acabado dando la razón a Morera al negar no solo que debían recortarse 10 millones en Sanidad, sino al inyectar 5 hasta final de año para ampliar las intervenciones: por ejemplo, 3.500 operaciones quirúrgicas más y hasta 15.000 pruebas diagnósticas. El portavoz del PSOE dijo que esto era lo importante, pero lamentó que ahora se tenga que volver a llamar a los pacientes a los que se les dijo hace poco que no podrían ser atendidos para darles la buena nueva de que sí, de que sí hay dinero.

En su opinión, los "errores" de la parte de CC en el Gobierno se dieron también con el cierre anticipado del presupuesto regional. Como ahondó por la tarde ante la comparecencia de la consejera para explicar esta medida, el anticipo que ya hizo el Gobierno central en julio obligaba a algo así, pero, en ningún caso, a aludir al supuesto desvío en Sanidad porque "eso nunca se ha explicitado al adelantar un cierre de cuentas".

"Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, incluso el presidente", recalcó como metiendo un poco más el dedo en la herida.

Clavijo, por el contrario, remarcó que nunca ha hablado de recortes en Sanidad ni de cifras concretas (10 millones), sino que ha mostrado su preocupación por el desvío en el gasto y el aumento de las listas de espera cuando se ha tenido más dinero en ese departamento, por lo que considera que se deben tomar medidas. Además, y como pasara entre diversos diputados en el debate vespertino sobre el cierre, insistió en que el adelanto decidido por Rosa Dávila es precisamente lo que ha permitido destinar más dinero a este pilar de los servicios, lo que intentarán hacer con el resto de áreas sensibles, como la social o educación.

Una visión claramente contrapuesta la dio la portavoz del PP, Australia Navarro, en una pregunta posterior sobre lo que considera un "desbarajuste" en Sanidad. Navarro pidió que se aclare si hay un "agujero" de 200 millones, criticó la "nefasta" gestión del consejero y que el presupuesto del área no sea el correcto. En su opinión, los 5 millones son solo una improvisación: "Un disparate no se corrige con otro", dijo. Le afeó a Clavijo que mandara a los "hombres de negro" al consejero y le pidió que reflexione y rectifique.

Clavijo le replicó que resulta "pintoresco" oír hablar al PP de recortes, insistió en que hay más dinero que en 2016 y que los 181 millones del desvío corresponden a personal (porque no se permiten nuevas contrataciones), a mala presupuestación y a gasto farmacéutico, aunque recalcó el déficit financiero estatal y dijo que tratarán de adaptar al máximo la partida y los gastos en 2017.

Como en días previos, Román Rodríguez (NC) negó que haya más dinero y reiteró que Clavijo no sabe de sanidad, criticándole que haya convertido Canarias en "la casa de los líos" y desaprovechado el IGTE para gastos básicos como este.

Hernández da pistas sobre la ley social

En un pleno marcado inevitablemente y desde el primer al último segundo por la censura en Granadilla y la ruptura o no del pacto en cascada, sí hubo tiempo, sobre todo al principio, para que se atendiera a algunas preguntas o comparecencias. Entre otras, destacó la del PSOE a la vicepresidenta sobre la nueva ley de Servicios Sociales, en la que se trabaja desde el comienzo de la legislatura. Aunque se lamentó que hayan pasado casi 30 años sin renovar la norma vigente (1987), Hernández garantizó que el nuevo texto "generará derechos, será una ley vanguardista de tercera generación, que perdurará en el tiempo y que se ha hecho desde abajo arriba". Según recalcó, el calendario se ha cumplido según lo previsto y en octubre se debatirá el borrador, se aprobará en consejo de Gobierno y llegará al Parlamento. Entre sus contenidos, destacó que se pretende que nadie se quede por el camino ante futuros vaivenes, que haya un expediente único para cada persona, que no tengan que ir a diferentes administraciones y que se tratará de un sistema universal social, "como el de salud o las pensiones". Asimismo, dijo que el ciudadano podrá pedir una segunda opinión con acceso a ventanilla única en la corporación local. En todo momento, subrayó el consenso de base que la sustenta y reiteró que se trata de un documento emanado de los colegios profesionales, ayuntamientos y cabildos.

Hernández también explicó los motivos por los que el Gobierno ha modificado la normativa para aspirar a las adjudicaciones públicas mediante las llamadas cláusulas sociales para que se prime el trabajo de calidad, la no discriminación a la mujer y otros colectivos, de manera que luego no tengan que ir precisamente a las administraciones a pedir para poder sobrevivir.

Nuevo rifirrafe de Clavijo y Santana por el suelo

Antes de que acabaran las preguntas, la expectación mediática pasó a los pasillos por el pacto. No obstante, el pleno permitió comprobar, de nuevo, las diferencias entre Podemos y, al menos, CC con la ley del suelo. La portavoz de la formación de izquierdas, Noemí Santana, aseguró que la norma "ni protege ni conserva los espacios naturales ni el desarrollo sostenible. Va a abrir la veda a la construcción en suelo rústico. Se apuesta por un modelo desarrollista, de especulación y ladrillo. Por poner paneles solares en suelo rural, la ley no se convertirá en ecologista. Gobierna para los grandes empresarios y, aunque diga que saldrá igual que entre, no secuestrará el debate". Clavijo le respondió que la ley "no habla de los espacios protegidos". Lamentó que Podemos no haya querido participar en la norma y aclaró que no ha dicho que salga igual, "pero no pervertirán el sistema monofásico. La ley regula las actividades económicas en suelo rústico porque, si queremos tener el paisaje bonito, necesitamos a gente trabajando en el campo. Tengo la impresión de que no se han leído la ley o están instalados en un discurso. Además, la hemos hablado con todo el sector primario, la Fecam apoya su espíritu y, ahora, de 88 municipios, solo 20 tienen PGO aprobados y, de ellos, un 40% los tumbó la justicia".