Sin traslado de la petición ni audiencia previa a los afectados, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife, mediante un auto dictado el pasado día 14, accedió a la solicitud de la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, de autorizar la entrada en las viviendas de Bajo la Cuesta para proceder a la ejecución forzosa del desalojo provisional de las mismas.
Mediante el decreto 3151/2016, emitido anteayer y notificado a última hora a los afectados, María Concepción Brito ordena el desalojo del casi medio centenar de viviendas que forman el núcleo Bajo la Cuesta-Risco las Tablas el próximo día 29 de octubre, a partir de las 9:00 horas. "En caso de oposición, el ayuntamiento podrá contar con el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar el buen orden y debido cumplimiento de la resolución de desalojo", según la propuesta de la técnico asumida por la Alcaldía.
Los vecinos cuentan con un mes de plazo para abandonar sus casas voluntariamente y la alcaldesa aplica así el decreto que emitió el 16 de octubre del año pasado ordenando el desalojo provisional de Bajo la Cuesta "por los motivos de grave riesgo de desprendimientos de rocas sobre las viviendas", procedentes del talud junto al que están situadas las cuevas-casas de este barrio.
José Ortega, abogado de los afectados, manifestó anoche su malestar porque "esto es surrealista". A su juicio, es "espectacular y escandaloso" que el juzgado autorizara la entrada en los domicilios "para echar a la gente de su casa". Admitiendo que este procedimiento "no está regulado en la legislación", no se explica que "afectando al artículo 18 de la Constitución Española, que es el de la inviolabilidad del domicilio, no se le haya dado audiencia a la otra parte, en este caso los vecinos", siendo ese el proceder común en estos casos.
Extrañado por que "se haya dictado un auto para todo el barrio y no uno por familia", José Ortega asegura que en Fuerteventura y Gran Canaria cuenta con siete autos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en los que esta entrada en domicilio se deniega "bajo ciertas circunstancias". Sin embargo, en Bajo la Cuesta "nos limitamos a que la alcaldesa dice tener un auto judicial que no hemos visto y del que no se nos facilita el número de procedimiento. Por tanto, no podemos recurrir. Esto es lo nunca visto y pisotear a la gente. Es lo que faltaba".
La población de Bajo la Cuesta-Risco las Tablas comenzó a recibir la notificación del decreto ayer. Hasta el momento, la Administración municipal ha defendido que se trata de desalojar el barrio mientras se realizan las obras para asegurar el talud. Los vecinos temen que si abandonan las casas nunca les dejarán retornar.