Fernando José Ramos García era el responsable en CajaCanarias de hacer los estudios de viabilidad a la petición de créditos, tal y como ocurrió con el cursado por Antonio Plasencia para comprar el frente de la playa de Las Teresitas en el año 1998. Entre la documentación que manejó y la información que pusieron a su disposición no estuvo, en ningún momento, que la posibilidad de construir en este ámbito dependiera de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo (TS), cuyo fallo trascendió pocas fechas después.

Ramos García indicó ayer durante su comparecencia en la vista por el juicio de Las Teresitas que si lo hubiese sabido, habría dictaminado "de forma rotunda" en contra de la concesión del crédito por valor de 33,3 millones de euros. Igualmente, las posibilidades edificatorias estaban en 80.000 metros cuadrados por debajo de lo que se le había asegurado. Tampoco le dijeron que en este ámbito no se podían construir viviendas o de que no existía un proyecto de urbanización. Por el contrario, le aseguraron que en un año iban a comenzar los trabajos para edificar hoteles, casas y centros comerciales. No pudo concretar quién fue el responsable de facilitarle todos estos datos erróneos, pero supuso que sería su superior directo, José Antonio Trujillo.

Intervino el entonces director de la entidad, Álvaro Arvelo, quien negó de forma rotunda el resultado de la investigación policial en la que se apuntó que había recibido 36.000 euros a través de una empresa de Plasencia. "Nunca he encontrado explicación alguna a esa conclusión porque mi relación con él siempre ha sido estrictamente profesional. No conozco esa operación y jamás he conseguido prestación alguna de don Antonio Plasencia. Para llegar a decir eso hay que echarle mucha imaginación", dijo.

Negó que el crédito para comprar la playa haya sido el más importante de los concedidos por la entidad e indicó que se trataba de una operación "completamente normal", si bien es verdad que su cuantía era "anormalmente alta". Señaló que el principal aval fue la trayectoria de Plasencia, "riguroso y cumplidor", y tampoco cree que haya sido algo extraordinario que la decisión se cerrase en pocos días. No conocía a Felipe Armas, quien también solicitó el préstamo en lugar del empresario y consejero de la entidad, Ignacio González. "Es normal que en estas operaciones se incorpore a una tercera persona", dijo. Desde la acusación particular, el letrado Pérez Ventura, señaló: "Entonces ahora sí dice que eran tres personas".

Arvelo tachó de "absolutamente irrelevante y nada trascendente" la negativa del empresario Amid Achi a la concesión del crédito y negó la posibilidad de que este hubiese sido amenazado. Al respecto, cree que, como mucho, el subdirector, Nicolás Álvarez, le habría hecho algún comentario sin mayor importancia. "Achi estaba enojado porque quería participar en el negocio con Plasencia", aseguró que le había trasladado el presidente de la entidad, Rodolfo Núñez. Quitó relevancia a la investigación abierta por el Banco de España.

Felipe Armas: "Un favor personal" a su jefe

Felipe Armas dijo que su participación se debió a "un favor personal" a su entonces jefe y apenas permaneció una semana como socio junto con Promotora Punta Larga, empresa de Plasencia. "Don Ignacio (sic) me dijo que si era posible que participase en una operación en la que él de momento no podía figurar y por eso necesitaba a una persona de confianza. Le dije que no había problema, creía en su buena fe y en que no me iba a comprometer en nada". Armas permaneció durante gran parte de la instrucción como imputado y, según dijo, recibió tratamiento psicológico para superar las secuelas que le dejó la participación y "los malos tratos" de la policía. González le hizo entrega de un cheque de 90.000 euros para que lo ingresara en CajaCanarias, cuyo fin desconocía, pero eran los fondos para constituir la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT). Quince días después las participaciones pasaron a nombre de González. "Ni pregunté ni vi la solicitud del crédito", de 33,3 millones de euros para comprar el frente de la playa. Luego, aunque no lo recordaba con exactitud, acudió al notario para traspasar el 50% del accionariado a González. Indicó que aunque podía obedecer a las órdenes de sus hijos, quien tenía siempre la última palabra era el empresario. Finalmente, intervino el exjefe de la Demarcación de Costas en 1998, Manuel Barrios, quien entonces sostuvo que la sentencia del TS que reconocía los derechos edificatorios en la playa también marcaba el deslinde por el muro. De haber salido adelante esta posibilidad los terrenos situados en el fondo habrían dejado de ser dominio público. Admitió que no tenía formación jurídica y su punto de vista fue rechazado por la abogada de Costas, Josefina Martín. La letrada, en su declaración de la semana pasada, ratificó que un deslinde solo puede ser fijado por orden ministerial, no por una sentencia.