El plan de digitalización de la Justicia ha permitido el ahorro de más de 390 millones de euros desde el pasado 1 de enero, cuando entró en vigor la ley que establece la obligatoriedad de que las comunicaciones entre los colectivos jurídicos y las sedes judiciales se realicen de manera electrónica.
En rueda de prensa al termino del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Saenz de Santamaría, ha destacado que "son 600 los juzgados en los que ya no se mueve un papel", de los 2.300 que existen en España, es decir, el 25% de los juzgados trabaja de manera completamente electrónica.
"Todo esto ha permitido la reducción de 60 a 19 los días de presentación y notificación de documentos en los juicios ordinarios", ha explicado Saenz de Santamaría, que ha destacado que se ha logrado el ahorro de más de 390 millones de euros con la implantación de la Justicia digital.
En total, se han practicado de manera electrónica casi 50 millones de comunicaciones, muchas de las cuales se han producido en días festivos aunque no computen.
Al respecto, los escritos enviados en días festivos han aumentado un 472 % y los enviados en horario de tarde y noche un 547 %.
"Eso mejora y agiliza la Justicia", ha apostillado la vicepresidenta en funciones.
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado el gasto para gestionar tres contratos vinculados a la extensión de la Justicia digital y que están destinados a suministrar herramientas informáticas para los jueces, magistrados, letrados y fiscales que les permitan consultar los expedientes digitales por un importe de 1.725.225 euros.
Además, a partir del 1 de enero de 2017 otros colectivos e instituciones que trabajan con la Justicia como la Policía, la Guardia Civil, los hospitales y los notarios, entre otros, deben utilizar los medios electrónicos en sus comunicaciones. Se implantará también la Fiscalía digital en las 42 fiscalías gestionadas por el propio Ministerio.