El de las Teresitas. El de las parcelas por las que el ayuntamiento pagó más de 52 millones de euros a los empresarios Plasencia y González. El de las tasaciones externas al ayuntamiento que superaban esa cantidad. El de la tasación interna del ayuntamiento, que era tres veces inferior a aquella cantidad y que no obró en el expediente (¡¿?!). El del pago, a aquellos empresarios y a CajaCanarias por cuenta de ellos, del total de aquel importe con lo obtenido por la privatización de parte de Emmasa, que, mira por dónde, fueron casi coincidentes la una y la otra.

El pasado 26 de septiembre, los exconcejales que declaraban en la sala decían, coincidentemente al respecto de aquella compra, que no conocían el contenido del expediente ¡Aquel expediente lo aprobaron en el Pleno! Y esas declaraciones me inquietaron. Vinieron a mí los recuerdos y una realidad específica.

Entre 1983 y 1987 fui concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Siempre en la llamada "oposición"; primero como concejal del PSOE, hasta agosto de 1985 en que fui expulsado de dicho partido por gracia de doña Carmen García Bloise (q.e.p.d.), y luego como concejal en el grupo mixto. La realidad específica, a que antes me refería, es que perdí buena parte de la vista como consecuencia de estudiar, en una sala de Gobierno con poca luminosidad, todos los expedientes que habían de ir a Pleno. Algunos expedientes no prosperaron en el Pleno, quedando "sobre la mesa" (expresión al uso), como consecuencia de las incorrecciones detectadas en aquel pormenorizado estudio.

Por ello, me parece intolerable que unos exconcejales se permitan decir, en sala de juicio, que no conocían el contenido del expediente del que la causa trata; que ellos se fiaban de los informes que los técnicos hubieran aportado al expediente. Los expedientes, antes de llegar a Pleno, pasaban por Comisión Informativa, que la constituían concejales adscritos a ella y que por ello cobraban. Después pasaban a Comisión de Gobierno, constituida por concejales de mayor entidad y que cobraban por ello. Y de aquí al Pleno, ¿cómo puede decir quien ha sido concejal que desconocía el contenido de un expediente que aprobó en sesión plenaria tras los pasos descritos?

En mis recuerdos está la duda de si en mi expulsión del PSOE intervino la Comisión Ejecutiva Federal, a quien correspondía el asunto por mi condición de concejal. Algún tiempo después, un miembro de aquella Ejecutiva se sorprendió al conocer de mi parte el lamentable hecho. Fue en un acto de UGT en la Casa Sindical. Era Matilde Fernández. Nos profesábamos un gran aprecio por nuestra anterior actividad sindical. Ella, como secretaria general de la Federación Estatal de Químicas, y yo, como revisor de cuentas de aquella federación. Recuerdos de un tiempo entregado al PSOE y a la UGT.