Los honorarios por la redacción del Plan General de Ordenación (PGO) y del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma se han disparado durante los últimos años hasta cifras que ni los propios grupos municipales son capaces de concretar, una situación debatida en la última sesión plenaria y que se trasladará a una comisión de urbanismo con los informes jurídicos y técnicos que avalen los pagos a realizar.

El debate se produjo tras analizar hasta tres solicitudes de subvención a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias por un importe de más de 100.000 euros que sumar a los abonos ya efectuados a los arquitectos Ángel Caro y Joaquín Mañoso, responsables del Plan Especial, y a Rafael Daranas, que elabora el PGOU.

En ese momento, el portavoz del PP, Juan José Cabrera, afirmó que "vamos a pedir fondos para trabajos que deberían de estar realizados hace tiempo. Cuando se firma un contrato, lo que se espera es que se cumpla en el tiempo estipulado".

El exalcalde advirtió: "No culpo al grupo de gobierno de esta situación, que nos concierne a todos". A los que están y a los que estuvimos. También yo me siento responsable", pero dejó claro que en algún momento hay que analizar los pagos que los arquitectos reclaman "y pedir responsabilidades".

Cabrera fue un poco más lejos para explicar que muchas de las subsanaciones que se han realizado en estos dos documentos de ordenación, cambios que se pagan con fondos públicos, "han tenido que ver con errores técnicos que ahora tienen que abonar los ciudadanos".

El líder popular reclamó que en comisión se aclare el montante económico de los honorarios por la elaboración de sendos planes y las razones por las que se han generado los mismos sin resultados positivos. Reclamó informes jurídicos y técnicos "que avalen estas facturas".

Mientras, el edil de Ciudadanos, Juan Arturo San Gil, compartió los argumentos del PP y pidió "una auditoría de sendos planes y ver si está justificado el pago de estas facturas". Las mismas dudas se generan en la representante de Nueva Canarias, quien preguntó si "esto es un chantaje"; es decir, "o pedimos la subvención o no hacen el trabajo".

El alcalde, Sergio Matos, apuntó que "la palabra chantaje no la utilizaría", aunque reconoció que compartía la valoración de Juan José Cabrera. A propósito, el regidor municipal avisó de que "nuestra responsabilidad es pedir esta subvención, la de otros, con su ética de trabajo, es no impedir el desarrollo de Santa Cruz de La Palma".

San Juan dijo entonces que el alcalde acababa de corroborar sus palabras, sobre el chantaje al que podría estar siendo sometido el ayuntamiento. Matos quiso aclarar que "el trabajo lo acabarán (los redactores), pero luego vendrán con las facturas". Otra cosa es que Política Territorial no conceda la totalidad de la subvención que al final se acordó solicitar. En ese caso, "negociaremos con los redactores", apuntó el regidor local.