Agulo es un pequeño y antiguo pueblo de La Gomera, en el cantón aborigen de Mulagua, fundado el 27 de septiembre de 1607. Lo más curioso de esa fundación es que Agulo, al contrario que lo que ocurre con la mayoría de los pueblos, no se fundó en su territorio, sino en una escribanía pública de San Sebastián de La Gomera, la de don Fernando Vesado y Contreras, escribano del Cabildo.
Allí se juntaron la Condesa y Señora de La Gomera y El Hierro, doña Ana de Monteverde, su hijo don Gaspar de Castilla y Guzmán, su esposo el Señor de La Gomera don Alonso Carrillo de Castilla, y el vecino de Buenavista del Norte Gaspar de Mesa, llegado de la comarca de Daute con otros 17 colonos que recibieron en total 1650 fanegas de tierras en las zonas de lo que hoy se llaman Sobreagulo y San Marcos, para roturarlas y ponerlas en explotación. En La Gomera, quizá por tradición, siempre se le ha dado gran importancia a los papeles. Por eso es una tierra donde han prosperado los abogados.
Uno de ellos, Julio Cruz, abogado de carrera y funcionario en excedencia del Cabildo insular, mano derecha durante más de dos décadas del último señor de La Gomera, Casimiro Curbelo, y después su principal enemigo, ha sido también siempre un hombre de papeles, el hombre que llevaba y traía los papeles de Curbelo primero, luego los del PSOE gomero y más tarde -desde que se convirtió en el año 2010 en secretario de organización de los socialistas canarios, en la ejecutiva que derrotó a Juan Fernando López Aguilar- también ha sido el hombre de los papeles de los pactos. Y en ellos debía estar probablemente pensando el domingo 25 de septiembre, sentado en un chiringuito del Calvario, frente al bar de Manolo, que ahora regenta su hijo Pedro, donde los autónomos empezaron hace ya más de diez años la fiesta hoy más importante de las que el pueblo de Agulo, cuna del Arte, celebra en honor de su patrona Nuestra Señora de Las Mercedes. Allí estaban, amenizados por la música de un diskjokey, más de un par de centenares de vecinos de Agulo -con Rosita Chinea, la alcaldesa de Casimiro que derrotó al PSOE, mismamente a la cabeza-, y decenas de gomeros de toda la isla y un buen puñado de gomeros venidos de Tenerife.
Julio Cruz había evitado ir el sábado a la procesión que recorrió a últimas horas de la tarde el pueblo, para no tropezarse con Curbelo. Pero no quiso faltar a la fiesta de los autónomos, y allí estaba, en una mesa bien servida, con un vaso de vino, acompañado de su novia y una guitarra, vestido con pantalones cortos de mago y cubierta la calva de la solajera con un sombrero de paja. No parecía estar demasiado pendiente del teléfono. No parecía esperar ninguna llamada, mucho menos una importante, como la del secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, al que habría de decirle esa tarde que no iba a estar a las ocho y media en el Parlamento de Canarias para firmar el pacto para evitar la censura en Granadilla -y la crisis inevitable del Gobierno regional- al que el día antes al mediodía había dado su visto bueno.
Todo había empezado un par de semanas antes, como un resultado inesperado del conflicto por el gasto sanitario que enfrentó a los partidos que sostienen al Gobierno y creó una brecha de desconfianza entre Fernando Clavijo y el PSOE. En respuesta a la posición pública de Patricia Hernández, muy crítica con la posición del presidente Clavijo sobre la necesidad de contener el desvío del gasto sanitario, a alguna lumbrera -creen los socialistas que del entorno de Presidencia, pero a lo mejor no atinan con la Presidencia en cuestión- se le ocurrió resucitar la posibilidad de una censura contra Jaime González Cejas en Granadilla. Dentro del PSOE, Granadilla es la agrupación clave de Patricia Hernández, en ella milita -como concejal del gobierno hasta que prosperó la moción- su mejor amigo, su hombre de confianza en el PSOE, Nicolás Jorge. Tanto el como el alcalde y la concejal Ana Esther Flores se enfrentan a un complejo proceso penal por malversación y prevaricación, surgido como consecuencia de una denuncia de Si se Puede (grupo hoy integrado en Podemos) presentada hace más de diez años, cuando el PSOE ya controlaba el ayuntamiento.
Tras las últimas elecciones de 2015, los concejales de Coalición, en minoría, habían intentado arbitrar una alternativa a los socialistas, a los que faltaban dos concejales para tener la alcaldía asegurada. La opción alternativa no prosperó porque en el último minuto, con el pacto para desalojar a los socialistas ya firmado por el PP y Coalición, el concejal clave para la operación, un exconcejal pepero ahora integrado en Ciudadanos, Arquipo Quintero, fue desautorizado por su partido, contrario a acuerdos con partidos nacionalistas. Pero eso ocurrió tras las elecciones de 2015. En diciembre del año pasado, las cosas ya habían cambiado, Ciudadanos redujo su beligerancia con los nacionalistas, y tras algunos encuentros en Madrid con gente de Coalición, ya se había autorizado a Arquipo a actuar como creyera conveniente. Eso era algo que se sabía en el PSOE, y Cejas acabó por fichar al concejal de Ciudadanos, integrándolo con sueldo y canonjías en la concejalía de Reclamaciones y sugerencias, cargo que suele ocupar un concejal de la oposición -siquiera teórica- y que Cejas se sacó de la manga amparándose en una supuesta cobertura de la ley de Grandes Ciudades, inaplicable en Granadilla.
Controlado Arquipo Quintero, el PSOE se olvidó del asunto, pero había otras fuerzas actuando para que la censura prosperara. Una de ellas el PP, por supuesto, pero también Coalición de Tenerife. Coalición siempre ha querido más poder en el Sur de la isla, verdadero bastión político del PSOE. Y Granadilla se ha convertido en los últimos años en la perla del Sur. Es el municipio con mayor crecimiento demográfico de la isla, y tiene en sus límites un aeropuerto internacional, un puerto industrial a punto de entrar en funcionamiento, una central eléctrica y una regasificadora ya autorizada. En una isla en la que solo se vive del turismo y los servicios públicos, el potencial industrial de Granadilla es el futuro. Un futuro controlado alternativamente por los socialistas y distintos acuerdos municipales. Un futuro que siempre ha tentado -y mucho- a Coalición Canaria.
El 15 de junio de este año, durante un mitin electoral en apoyo de Ana Oramas en Granadilla, a Carlos Alonso, presidente del Cabildo tinerfeño, se le calentó el pico y adelantó la censura. Dirigiéndose al que tras triunfar la censura es ya hoy es el nuevo alcalde granadillero, José Domingo Regalado, Alonso se despachó a gusto anunciando la inminencia de un "cambio de aires" en Granadilla: "Se huele distinto en este Sur. Yo huelo cambio. Cambio en Granadilla, cambio para mejor, cambio que no está muy lejos, cambio que va a venir para traer las mejores cosas a Granadilla. Así que José Domingo... ánimo y p''alante con todo tu equipo. Yo estoy seguro de que el pueblo de Granadilla quiere ese cambio y lo va a tener dentro de poco". Fue el más aplaudido del mitin, por supuesto.
El PSOE de Granadilla nunca se preocupó demasiado por este u otro de los muchos avisos. Conocían la difícil situación del concejal Quintero, sometido familiarmente a una extraordinaria presión económica por los apuros de la empresa arenera de su padre, con dificultades en pagos e impuestos. Creían los socialistas tenerlo bien amarrado con su sueldo como concejal opositor -una bicoca- y no creyeron que hubiera opción para una censura que -sin embargo- venía gestándose desde hacía mucho tiempo. Héctor Gómez, presidente de la gestora tinerfeña del PSOE, incluso había recibido un soplo directo de un alto cargo de Coalición Canaria, que trasladó a los suyos en Granadilla una semana antes de que la censura fuera presentada. Pero González Cejas y los suyos hablaron con Arquipo y este puso cara inocente y negó todas las veces que fue preguntado. La misma noche previa a presentar la censura juró a los socialistas no haberla suscrito. Así, la mañana del día 15 de septiembre, tres meses justos después del mitin de Alonso, escasos minutos antes de presentarse en el registro municipal el documento firmado por Arquipo, los concejales del PP y los de Coalición, y ante los insistentes rumores, Nicolás Jorge declaraba en la radio que no había nada de nada.
Los socialistas no contaban con que alguien podía ofrecer más que ellos. Después de varias visitas de Antona y otros altos dirigentes del PP al municipio, y de algunos encuentros en la sede del partido, el concejal en cuestión cambió su criterio inicial y aceptó suscribir con los de Coalición y el PP una moción de censura contra el alcalde González Cejas. Un alcalde imputado que había ya asumido el tener sus días contados ante la inminencia de la apertura de juicio oral, y que se había comprometido ante sus vecinos y ante su partido a retirarse del consistorio -él y los otros dos imputados- en cuanto le llegara la comunicación del juzgado.
La censura entró en el registro del ayuntamiento el jueves 15 de septiembre. El original del texto estaba sin fechar, se le había escrito la fecha en bolígrafo en un hueco en blanco. Sorprendió a González Cejas y al concejal Jorge y desquició a los socialistas, especialmente a los alcaldes del Sur de Tenerife, preocupados por la creciente presión de Coalición Canaria sobre sus territorios, y por los rumores acerca de una posible censura en Arona. El PSOE se adelantó inmediatamente a asegurar que el triunfo de la censura presentada en Granadilla supondría la destrucción del pacto y una cadena de censuras municipales e insulares y de cambios de mayorías en toda Canarias.
Pero casi nadie -con la excepción de José Miguel Barragán- se tomó muy en serio la amenaza. Llueve sobre mojado, y la historia de las relaciones de Coalición con otros partidos está plagada de trampas, humillaciones, trapisondas y engaños tolerados. Barragán, natural de una isla donde Coalición procede de la izquierda, y de un partido tradicionalmente contrario a cualquier pacto con el PP, se puso manos a la obra para evitar que la censura prosperara. En su calidad de secretario general de Coalición Canaria, Barragán hizo una apuesta extrema, que tranquilizó a los socialistas -ese era su objetivo- pero debilitó su propia posición negociadora, al asegurar de antemano que los concejales de Granadilla serían expulsados si mantenían la censura.
Consciente de que la amenaza de expulsión no contaba con el apoyo mayoritario de su partido en Tenerife, dijo también que si los concejales no eran expulsados, el presentaría su dimisión como secretario general de Coalición y como viceconsejero de la Presidencia del Gobierno. Con las nuevas leyes en la mano, la expulsión -y el consiguiente pase al grupo mixto- implica que la censura no podía prosperar. Las declaraciones de Barragán tranquilizaron al PSOE, pero provocaron una auténtica revuelta en Coalición: Francisco Linares, alcalde de La Orotava y vicesecretario general de Coalición en Tenerife, trasladó a algunos colegas de partido su enfado: "Ahora nos la vamos a tener que envainar, inventarnos una excusa y dejar tirados otra vez a los nuestros".
Así era: llovía sobre mojado en Granadilla, donde Paulino Rivero había ya obligado a tragar a los suyos para garantizar el pacto con el PSOE, y los hechos se sucedían además a toda velocidad. El sábado 17, apenas dos días después de la censura, Barragán mandó al Ayuntamiento de Granadilla la notificación provisional de suspensión de militancia de los concejales desobedientes, vía secretaría municipal, pero el secretario se negó a comunicar a los concejales un asunto que no afecta a su condición y prerrogativas en el Ayuntamiento, un asunto partidario. Al final, la comunicación fue cursada a los concejales, atendiendo una instrucción de la alcaldía, por medio de la policía municipal, que localizó a varios de ellos en el campo de fútbol de San Isidro, compartiendo partido con Carlos Alonso, el presidente del Cabildo. Parece ser que se negaron a recogerla, y que Alonso se comprometió con ellos a prepararles los escritos de alegaciones.
La comunicación de Barragán a los granadilleros desató una verdadera tormenta en Coalición en Tenerife, donde la tensión entre la dirección regional -que él representa- y la insular de Tenerife -Dávila y Linares- es muy alta. Clavijo procura siempre mantenerse al margen, pero esta vez, en su entorno se escucharon voces muy críticas con el comportamiento de Barragán y esos días se extendió el rumor de que Barragán no tendría que dimitir de su puesto en la viceconsejería, porque sería cesado antes. Barragán siguió apareciendo en los medios defendiendo la expulsión de los concejales y asegurando que la mantendría pasara lo que pasara. Parecía cada día más enfadado.
Y no era el que más lo estaba esos días. En la reunión de la mesa del seguimiento del pacto, celebrada el lunes 19 en la sede Parlamentaria de Coalición Canaria, para intentar conciliar un acuerdo, las cosas no fueron demasiado bien. En el encuentro, al que por parte de Coalición asistieron Barragán, Rosa Dávila, José Miguel Ruano y Antonio Castro, y por parte del PSOE Héctor Gómez, Aarón Afonso, Julio Cruz e Iñaki Lavandera, además de Nicolás Jorge, que no es miembro de la Mesa de Seguimiento, pero asistió por Granadilla, Barragán intentó mantener su tesis, pero Rosa Dávila actuó como dinamitera del encuentro. Fue ella la que dijo que la única posibilidad de parar la censura era que dimitieran los concejales imputados del PSOE, algo inaceptable para los socialistas, porque no es lo mismo irse en cumplimiento del Código Ético -una pequeña dignidad a la que aferrarte cuando ya estas fuera de combate- que tolerar que otro partido disponga cuando debes dimitir. Con bastante torpeza, Rosa Dávila provocó entonces un primer encontronazo bastante desagradable al asegurar crípticamente que la salida del Ayuntamiento podía beneficiar judicialmente al alcalde y los concejales imputados. Nicolás Jorge, bastante alterado -quizá interpretó que la consejera planteaba la posibilidad de un trato de favor de los tribunales si se iban-, le preguntó airadamente qué quería decir, y ella intentó arreglarlo hablando de las ventajas de reducir el foco mediático sobre su caso y evitar así presión sobre los jueces. La reunión fue bastante desagradable y llegó casi a la ruptura cuando Dávila dijo que ella no tenía por qué perder su tiempo negociando allí, que no se iba a expulsar a los concejales autores de la censura de Granadilla y que el asunto podía arreglarlo su partido en Madrid con Pedro Sánchez, reiterando con altanería la tesis de no tratar con medianeros adelantada por Clavijo apenas unos días antes ante un auditorio de periodistas y empresarios...
Cruz le espetó que si abandonaba la reunión en ese momento, aún llegaba a tiempo al aeropuerto para coger un avión a Madrid y verse con Pedro Sánchez. Y en ese estado de crispación andaban cuando, Barragán pudo salvar los muebles recordando que la decisión de expulsión era de su exclusiva competencia y estaba tomada, y que si los concejales no dimitían se les expulsaría como fecha límite el viernes 23. El PSOE dio por buena esa promesa, que además fue reiterada por Barragán en declaraciones a los medios realizadas el mismo martes después, a primera hora de la mañana.
Continuará mañana:
El acuerdo que no se firmó (2).