Una ciudadana de origen italiano, Patrizia Lubrano, interpuso una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife al considerar que sufrió una estafa cuando compró una vivienda en el barrio de Añaza hace aproximadamente un año.
Esta mujer, junto con su marido y una hija, decidió migrar desde su país hasta Tenerife en el verano de 2015. Buscó una casa para residir y en un portal de internet encontró un piso de 84 metros cuadrados que se vendía por 30.000 euros. Se interesó por el inmueble y se puso en contacto con la persona que lo estaba vendiendo.
En el documento judicial, al que tuvo acceso EL DÍA, se afirma que el precio del domicilio en un bloque de la calle Luis Braile era de 30.000 euros, pero negoció y logró que se lo rebajaran a 29.000.
El matrimonio italiano abonó 21.000 euros y se comprometió a ir pagando mensualmente 300 euros hasta completar los restantes 8.000 euros.
Sin embargo, la denunciante dice que en la firma del contrato privado, el 25 de agosto de 2015, estaban presentes un hombre que se identificó como familiar del propietario, una abogada, los denunciantes y un traductor. En la denuncia se señala que ese día no se llevaron el contrato citado, pero que en el documento privado que recibieron posteriormente sí estaban las firmas del propietario y su esposa. Días después, recibió la llave del piso y posteriormente entregó los 21.000 euros de adelanto al supuesto familiar del propietario oficial, sin que hubiera recibo de entrega del dinero. A partir de entonces, la familia italiana solo pagó una mensualidad de 300 euros. Patrizia Lubrano afirma que le entraron dudas sobre la legalidad de la operación y decidió preguntar e informarse sobre la situación de la vivienda.
Según un escrito del Servicio de Promoción Pública del Instituto Canario de la Vivienda, al que tuvo acceso EL DÍA, "la vivienda que nos ocupa pertenece al grupo de viviendas protegidas de promoción pública TF-957 (...); dichas viviendas no pueden descalificarse, dejando de estar sometidas al régimen de protección oficial promoción pública, por un periodo de 30 años a partir de su calificación definitiva de fecha 10 de enero de 1990, es decir, sigue siendo una vivienda protegida por el periodo establecido". Según dicho documento, el piso no está descalificado para venderse.
El propietario: "Lo más legal del mundo"
La familia de Patrizia Lubrano y las personas que le vendieron el piso se han denunciado mutuamente por el estado de la transacción de la vivienda. Concretamente, por parte del vendedor (el supuesto familiar del dueño) se le reclama a la familia italiana que abone los casi 8.000 euros que aún debe por la casa. El propietario oficial del referido piso en un bloque de la calle Luis Braile está convencido de que, por su parte, se ha obrado correctamente. Señala que a los ciudadanos trasalpinos les gustó el domicilio, pagaron una parte del precio total, se les entregó la llave y, además, se les puso a su nombre el agua y la luz del inmueble. Desde su punto de vista, la decisión de no abonar el dinero que faltaba se debe a que a los compradores "no les gustó el lugar" donde está la vivienda. El hombre que figura como dueño oficial del piso señala que se hizo contrato privado y ellos sabían que era una vivienda de protección pública, por lo que "en cinco o seis años podían hacer escritura pública, según nos dijeron los abogados". Además, recuerda que la operación se hizo con un abogado y un traductor para los compradores. "Es lo más legal del mundo", comenta el dueño del piso. De momento, el asunto continúa judicializado, según las partes consultadas.