La defensa del extesorero Luis Bárcenas ha pedido al tribunal de Gürtel que reclame a la Fiscalía aclarar si hay algún tipo de acuerdo o "conformidad" con cuatro de los 37 acusados y si es el motivo que le ha llevado a pedir cambiar el turno de los interrogatorios, que en un principio estaba previsto que abriese el líder de la trama, Francisco Correa.

El abogado Joaquín Ruiz de Infante, que ejerce junto a Francisco Maroto la defensa de Bárcenas y que ha sido el encargado de exponer las cuestiones previas, ha manifestado sus sospechas de que esta alteración en el turno de declaración de los acusados que ha pedido la fiscal responde a un acuerdo con esos acusados, por lo que ha reclamado que eso se aclare en aras de la defensa de su cliente.

La representante del Ministerio Fiscal ha pedido concretamente que antes de Correa declaren por este orden los acusados Jacobo Gordón, exsocio de Alejandro Agag (yerno del expresidente José María Aznar); el constructor Alfonso García-Pozuelo y el ex edil de Pozuelo Roberto Fernández, solicitud que aún no ha resuelto el tribunal y que ha llevado a otros abogados a intuir que estos cuatro acusados, Correa entre ellos, han llegado a algún tipo de acuerdo con Fiscalía.

Ruiz de Infante también se ha opuesto a la pericial propuesta por el Ministerio Público dirigida a acreditar el origen de los fondos de Bárcenas. El abogado ha considerado que esta solicitud la tenía que haber hecho antes de que fuera firme el procesamiento, ya que ahora estaría fuera de plazo.

"Lo que no puede hacer Ministerio Fiscal es aportar una prueba sorpresiva para completar un escrito de acusación incompleto", ha subrayado.

En cuanto a la información que envió Suiza a la Audiencia Nacional sobre las cuentas de Bárcenas en ese país, donde llegó a acumular 48 millones de euros, ha explicado que esos documentos no se pueden usar porque la autorización de las autoridades helvéticas para ello está recurrida y, mientras tanto, se encuentra suspendida.

Otras de las cuestiones que ha alegado son la prescripción de la mayor parte de los delitos que se le imputan, la nulidad de la instrucción inicial que llevó a cabo Baltasar Garzón por las escuchas ilegales que autorizó y que supusieron su inhabilitación por el Supremo, y la vulneración de su derecho a la defensa porque no se le dejó disponer de dinero para pagar a sus abogados.