Ante el complicado papel de no perjudicar a los anteriores grupos de gobierno encabezados por su antecesor Miguel Zerolo, pero también de defender los intereses municipales, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, declaró ayer en la vista oral del juicio de Las Teresitas como testigo. De sus palabras se desprende que desde el ayuntamiento solo dan por válido el precio de 15 millones por la compra del frente de la playa. Una cifra que supone 38 millones menos de lo pagado en su momento por la corporación local.

Las estrategias de la acusación particular y de la Fiscalía avanzaron en el sentido de responsabilizar a Zerolo, de lo ocurrido. Por ello, a preguntas del Ministerio Público, Bermúdez repitió una frase que ya había expresado durante su declaración anterior y es que considera "posible, pero poco probable" que su antecesor no hubiese estado al tanto de los entresijos de una operación "de esta envergadura". Aunque en esta ocasión, tal vez para evitar herir sensibilidades, matizó que "al menos en mi caso, yo sí me hubiese enterado", dijo. Bermúdez no tenía constancia de que la operación de compra del frente de la playa fuese debatida en el seno del partido de ambos, Coalición Canaria (CC).

Ratificó que es el alcalde quien preside los consejos de la Gerencia de Urbanismo, pese a ser un organismo autónomo con casi la totalidad de las competencias delegadas. El actual primer edil no quiso entrar en demasiados detalles sobre el cruce de demandas entre los antiguos propietarios de los terrenos, Inversiones Las Teresitas (ILT), y el ayuntamiento para ejecutar la sentencia que anuló la compraventa. En todo momento apuntó que son los servicios jurídicos municipales los que marcan las directrices y luego éstas se ratifican en la junta de gobierno. Tampoco dijo estar muy al tanto de otros detalles de la causa penal como la existencia de un informe por parte de la exarquitecta municipal, Pía Oramas, que fijó el valor de los terrenos precisamente en 17 millones, no sabía por qué éste no había sido tomado en cuenta ni tampoco de la existencia de otras tasaciones con importantes diferencias entre sí.

Indicó que en el año 2013 dio órdenes para que se remitiera a la Fiscalía unos documentos encontrados en los que se vendría a demostrar que más de 60.000 metros cuadrados comprados en su momento eran de propiedad municipal. Eso sí, dejó claro que previamente ordenó a los funcionarios que se hicieran todas las comprobaciones que fueran necesarias para demostrar su veracidad. "Vimos que había dudas razonables acerca de la propiedad de esas parcelas", dijo. Admitió que cuando asumió las riendas del Ayuntamiento éste se encontraba en una situación económica que calificó de "difícil" con una deuda de 62 millones, aunque el déficit no se debía exclusivamente a la compra de la playa.

Informó que el Plan Especial está en una fase muy inicial y defendió la construcción de un hotel en una parcela que es propiedad municipal. Lo que no pudo concretar en si al devolver los terrenos a sus antiguos propietarios, tal y como apuesta el Ayuntamiento, también tendrán que hacer lo propio con este solar. Defiende la ejecución del hotel no sólo como medio de conseguir fondos para llevar a cabo el plan especial, sino también porque permitiría la creación de doscientos puestos de trabajo. El abogado del interventor de la Gerencia de Urbanismo, José Luis Roca, igualmente acusado, incidió una vez más en que la deuda por la que la Corporación local se hacía con los terrenos cedidos por la Junta ya había prescrito cuando fueron descubiertos.

Intervino en la sesión de ayer una inspectora de Hacienda que en su momento hizo un informe sobre el entramado de sociedades de Ignacio González, socio de Inversiones Las Teresitas (ILT). Las conclusiones a las que llegó es que éstas funcionaban como una unidad de caja, de manera que entre las personas físicas y jurídicas se produjeron constantes movimientos de fondos para financiar determinadas operaciones. Ratificó que ILT no se pudo acoger a los beneficios de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) porque no había realizado actividad económica alguna excepto la compra y venta de estos terrenos.

El extesorero de Urbanismo, Octavio Soto, jubilado desde hace ya doce años, apenas recordaba que por su manos pasó un cheque de 5.600 millones de pesetas que fue con el que el Ayuntamiento traspasó fondos al organismo autónomo para que cerrara la compra en 2001. Nieves Reyes, como actual tesorera delegada de la Gerencia ratificó que en 2013 habían detectado la existencia de una deuda por valor de 11 millones de pesetas de la Junta en ejecutiva, documentos que a partir de entonces guardó en una caja fuerte. El abogado de Roca preguntó cómo era posible que el exabogado de este organismo, Ruymán Torres, no hubiese hecho llegar a Fiscalía documentos que, según dicen, exculpaban a su defendido y sí lo hizo con los que se referían a los terrenos que supuestamente seguían siendo de propiedad municipal. Reyes no supo explicar por qué se había presentado en la Sala con dos expedientes concretos, ni quién se lo había pedido ni si había sido autorizada para sacarlos de la Gerencia.

José Luis Martín

El exconcejal socialista, José Luis Martín, defendió la actuación del grupo municipal en aquellas fechas y justificó el voto a favor de la compra porque así lo había decidido una asamblea. Los detalles de la operación los conocieron apenas 24 horas antes de que se celebrara una comisión conjunta de Urbanismo y Hacienda. Poco después llegó un fax firmado por el exsecretario insular, Santiago Pérez, en el que se les ordenaba que consultaran a la dirección local del partido para fijar la posición final. "Eso es lo que hicimos; cumplimos las instrucciones", señaló el exconcejal, quien indicó que en varias ocasiones le pidieron a Pérez que se sentara con ellos para que les explicara las dudas que tenía sobre la legalidad del procedimiento y que nunca lo hizo. Declaró Martín ayer que, tanto el secretario como el interventor, les aseguraron que se cumplía con todos los preceptos legales. Eso sí, desde el grupo municipal del PSOE quisieron dejar claro que la lucha para evitar que se construyera en el frente de la playa era una bandera de los socialistas tinerfeños desde mucho antes. En aquel entonces también se lamentaron de que si se les hubiese hecho caso antes, no se habría tenido que pagar un precio tan elevado.