El representante legal de los vecinos de Bajo la Cuesta-Risco las Tablas anuncia la impugnación del auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife que autoriza al Ayuntamiento de Candelaria a la entrada en las viviendas de dicho núcleo para la ejecución forzosa del desalojo provisional.
El abogado José Ortega recaba la intervención de la Fiscalía en este expediente de desalojo con el propósito, además, de "interponer cuantas acciones penales se consideren precisas vista la gravedad de la conducta observada por la alcaldesa".
Ortega apunta que se ha producido indefensión jurídica, conculcándose así la Constitución española, "al haber prescindido la alcaldesa del obligado trámite de solicitud de autorización a los interesados y del trámite de audiencia previo al auto judicial".
Explica el letrado que los vecinos "se han hartado de repetir que no se niegan a abandonar las viviendas, pero sí a hacerlo sin conocer las fechas de inicio y fin de los trabajos". Advierte, asimismo, de que se da "la peculiar circunstancia de que la documentación remitida por la alcaldesa no era fiel reflejo de la situación y resultaba insuficiente para que el juez ponderase el conflicto de intereses. Esto se debe a que únicamente remitió el expediente de desalojo, pero no los dos de requerimiento para la reparación del talud, pese a la interdependencia existente entre ellos".
El abogado asegura que al no darles audiencia, los vecinos se ven perjudicados también "al haber seguido el juzgado una práctica contraria a la observada en todos o la inmensa mayoría de los casos", advirtiendo de que el desalojo se prolongará entre cinco y siete años dejando las casas a merced de expolio y saqueo.