El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, ha elogiado hoy la independencia con que trabajan fiscales y fuerzas de seguridad del Estado contra la corrupción, pese a depender del poder Ejecutivo, lo que demuestra "la buena salud de nuestro sistema represivo".

En el discurso que ha pronunciado con motivo de la apertura del año judicial, Doreste ha considerado que el hecho de que tanto unos como otros acusen a personas del estamento político e, incluso, pertenecientes al mismo partido que sus superiores "es algo que demuestra la independencia, efectividad y la salud de nuestro sistema represivo", hasta cuando se investiga a magistrados.

Asimismo, ha hecho hincapié en el efecto ejemplarizante que generan los casos corrupción política, porque aquellos que son tentados para aceptar comisiones o sobornos "se ven frenados" al ver "cómo están aflorando, siendo perseguidos y difundidos" estos hechos por parte de los medios de comunicación .

La independencia de los magistrados está "claramente demostrada y constitucionalmente protegida", pero los fiscales y las fuerzas de seguridad dependen del poder Ejecutivo, por lo que ha querido hacer hincapié en su trabajo contra la corrupción.

El presidente del TSJC, además, ha advertido "cierta mejoría" en el funcionamiento de los órganos judiciales canarios en 2015, pero ha considerado que aún precisan de más medios y de ahondar en las reformas que se han llevado a cabo.

Ha informado de que las tasas de resolución, pendencia y cogestión en Canarias han bajado en 2015 respecto a 2014, al pasar del 1,2 al 0,8 %, del 7,8 al 4,3 % y del 1,9 al 1,5 %, respectivamente, y ha hecho hincapié en la notable dilación que se produce en la ejecución de las sentencias.

Doreste además ha restado importancia al hecho de que hayan quedado 100.000 asuntos sin resolver el pasado año por tratarse de delitos comunes que no son graves, al no haber podido dar con los culpables, algo que ha dicho que tampoco obedece a la ineficacia de los cuerpos de seguridad.

Se ha referido a las causas que impiden el buen funcionamiento de la justicia, entre ellas, la falta de medios humanos y materiales, que, en lo que respecta al Gobierno canario, ha reconocido el esfuerzo efectuado, aunque ha dicho que aún quedan pendientes infraestructuras como el edificio judicial de Santa Cruz de Tenerife.

Entre esas causas, ha apuntado la dificultad que supone la coordinación de las tres administraciones de la que dependen los órganos judiciales: el Estado, la Comunidad Autónoma, y el Consejo General del Poder Judicial. A su juicio, el funcionamiento sería más ágil si solo se dependiera de una.

Así mismo, ha dicho que los mecanismos de garantía que ofrece la legislación a veces son utilizados de manera oportunista para dilatar las causas y se ha referido a los cambios normativos que han sobrecargado con nuevos litigios los juzgados.