El presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha ofrecido a la Fiscalía Anticorrupción reconocer los delitos de los que se le acusa en el macrojuicio contra la trama que se celebra en la Audiencia Nacional a cambio de un pacto que aún no se habría producido.

Según han informado a Efe fuentes próximas a la defensa de Correa, su nuevo abogado, Juan Carlos Navarro, ha iniciado conversaciones con las fiscales de cara a llegar a un acuerdo para una rebaja de su pena a cambio de una confesión en su declaración como acusado la próxima semana, pero la Fiscalía ha rechazado sus condiciones.

Las mismas fuentes han indicado que aún habría margen para la negociación y que la intención de la defensa es llegar a pactos en todas las piezas de Gürtel en las que está imputado, comprometiéndose a confesar y a pagar las responsabilidades civiles que se le pidan.

De llegar a un acuerdo, Correa, que se enfrenta a 125 años de cárcel, admitiría los hechos que le imputa la Fiscalía, que afirma que desde 1999 hasta 2009 "lideró un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos" y contó para ello con la colaboración de una serie de políticos a los que compensaba con pagos en especie.

En el juicio que ha arrancado esta semana contra 37 acusados se sientan en el banquillo políticos del PP que habrían recibido comisiones de Correa, como el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, y el exdiputado del PP Jesús Merino, además del extesorero del partido Luis Bárcenas.

La primera señal del cambio de estrategia en la defensa de Correa, que hasta hace poco llevaba un abogado de oficio, la dio el pasado 26 de septiembre, cuando ordenó a su banco de Suiza -tiene bloqueadas sus cuentas en el país helvético- autorizar el pago de los 2,2 millones de euros que la Fiscalía le pide en concepto de responsabilidad civil por el juicio de Gürtel.

Ayer, en la primera jornada del juicio a la "primera época" de la trama también escenificó un signo de colaboración cuando rehusó pedir cuestiones previas, como la nulidad del procedimiento que han reclamado muchos de los abogados por la supuesta ilegalidad de las grabaciones a Correa que dieron lugar a la investigación.

Durante la jornada de hoy y de ayer, abogados de los acusados han observado además que el letrado de Correa se ha acercado en varias ocasiones en los recesos al estrado de las fiscales de Gürtel, Concepción Nicolás y Concepción Sabadell, para hablar con ellas.

Las fuentes consultadas de la defensa del cabecilla de la trama siguen manteniendo la esperanza de llegar a algún tipo de acuerdo hasta que la semana que viene declare ante el tribunal.

Correa es, en principio, el primero en comparecer (seguramente el martes), pero puede que finalmente quede en cuarto lugar porque la Fiscalía ha pedido que declaren en primer lugar tres acusados que habrían llegado a acuerdos con el ministerio público.

Se trata del constructor Alfonso García Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica; Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, y el exedil de Pozuelo Roberto Fernández.

García Pozuelo ya manifestó su arrepentimiento por sus delitos en Gürtel y hoy, al igual que hizo Correa, ha declinado plantear cuestiones de nulidad de la causa.

La única petición que ha hecho al tribunal la abogada de este acusado, que se enfrenta a 4 años y 6 meses de cárcel, ha sido que se le permita ausentarse de las sesiones del juicio que no le afecten para poder atender a su madre enferma.

El pasado mayo, García Pozuelo, considerado el primer arrepentido en esta causa, reconoció en su escrito de defensa el pago de comisiones a la trama a cambio de adjudicaciones en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y manifestó su arrepentimiento por haber colaborado con Gürtel.

Con esta confesión, el empresario pretende conseguir que se rebaje a la mitad la pena que reclama para él la Fiscalía, con lo que sólo sería condenado a dos años de cárcel, si bien para evitar ingresar en prisión propone que se le sustituya por una multa de 432.000 euros.