Ni se consultó el acta de reconocimiento de recepción de las obras de la playa artificial, ni una posible concesión por parte de Costas, ni los requisitos impuestos en su día por el organismo estatal, ni sentencia alguna. Sin embargo, el Ayuntamiento de Santa Cruz asumió la propiedad de 30.000 metros cuadrados ganados al mar que daba por suyos según la antigua Ley de Costas en vigor que le permitía convertirse en propietario siempre y cuando cumpliera determinados requisitos. Entre ellos, haber hecho las obras tal y como venía marcado en el proyecto, lo que no ocurrió.

El asesor jurídico de los planes generales de 1992 y de gran parte del actual, Fernando Senante, dijo que a iniciativa suya y del funcionario de la Gerencia de Urbanismo, Epifanio Gómez, este suelo se inscribió como propiedad municipal en el proyecto de compensación que distribuye cargas y beneficios entre propietarios. Luego, este documento sería llevado al Registro de la Propiedad en el año 1989, aunque no sería hasta 1996 cuando quedó correctamente inscrito.

A cambio, aunque no lo dijo, la Junta de Compensación le entregaría años después 50.000 euros por ostentar el 1,5% de coeficiente. Un pago que, en realidad, se hizo poco antes de que el ayuntamiento volviera a comprar los mismos terrenos junto con el resto de once parcelas por 17 de los 53 millones desembolsados. Durante su declaración de ayer de la causa de Las Teresitas, Senante supuso que estos terrenos ganados al mar están inscritos en el patrimonio municipal de bienes. Pero a preguntas de la Fiscalía no pudo concretar en qué documentos se basó para que sea así. En 2015 una sentencia de la Audiencia Nacional ratificaría que esos solares jamás pertenecieron al ayuntamiento y que siempre fueron titularidad de Costas. Pero el asesor jurídico aseguró que también desconocía este fallo judicial.

La fiscal Anticorrupción, María Farnés, arrinconó a Senante como ha hecho en pocas ocasiones con un testigo a lo largo de esta vista oral. Especialmente incisiva resultó sobre la reunión celebrada en junio de 2001 en la que, según la exarquitecta municipal Pía Oramas, se le intentó obligar a que suscribiera la valoración de Tinsa fijada incluso en 6 millones más de los que se pagaron por los terrenos.

Ella había hecho una tasación en la que consideraba que todo el frente solo podía sumar un total de 17 millones. Senante negó que se le hubiera presionado y dijo que se trató de un encuentro enmarcado en los trabajos de revisión del PGO. En el mismo estuvieron presentes otros acusados como el exsecretario de la Gerencia, José Tomás Martín; el gerente, Víctor Reyes; el jefe de los arquitectos, Epifanio Gómez, condenado por el caso mamotreto y él mismo que ayer participó como testigo, y Oramas que declarará en breve en calidad de perito.

A lo largo de esta reunión, según Senante, solo se intentaron plasmar las condiciones para ver cómo encajaba en el Plan General el proyecto ganador para la remodelación de la playa y estudiar los parámetros para fijar el precio de la compra, pero nunca se habló del valor de la operación. Admitió que no solo cuestionó la preparación de Oramas para hacer la tasación, sino la de todos los involucrados en los trabajos.

Una vez más surgió la recurrente cuestión de si existe o no un proyecto de urbanización aprobado. Parte de los testigos, entre ellos Senante, dicen que sí ocurrió así en el año 2000 mientras que la Fiscalía y otros de los interrogados circunscriben este planeamiento a la construcción de dos vías en la trasera de la playa. La Fiscalía y el asesor jurídico discreparon sobre las condiciones que deben reunir los hoteles para ser considerados urbanos o turísticos. Y es que de una u otra categoría dependía que se pudieran construir en el frente, una vez que entró en vigor la moratoria.

Otra cuestión que no se acaba de dilucidar es si los propietarios estaban obligados a ceder el 10% de los aprovechamientos al ayuntamiento, lo que hubiese ocurrido si el suelo tuviese la consideración de urbano consolidado. Senante rechazó la posibilidad de recurrir a la expropiación y de trasladar la edificabilidad a la trasera de la playa dada la masificación urbanística que habría tenido lugar. Negó haber recibido presiones por parte de los responsables políticos o técnicos.

La declaración del actual concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, trajo consigo un doble desmentido.

En primer lugar al alcalde Bermúdez, al asegurar que la tramitación del Plan Especial de Las Teresitas está a punto de recibir la aprobación inicial. Por lo tanto, no se encuentra en estado "incipiente" como dijo el día anterior Bermúdez.

Y segundo desmentido: al secretario del ayuntamiento, Luis Prieto, quien en el año 2010 dio cuenta al pleno de que habían llevado al Registro de la propiedad la sentencia que anulaba la compraventa de la playa con el fin de devolver las once parcelas a Inversiones Las Teresitas (ILT).

Pero, siempre según Garcinuño, en la actualidad el frente sigue a nombre del Ayuntamiento de Santa Cruz y jamás se hizo anotación preventiva alguna. Dijo desconocer las consecuencias de un posible fallo en la vía civil que devuelva la propiedad a ILT y si tendrían que hacer lo propio con la parcela hotelera.

Consideró que no sería razonable que se recupere la edificabilidad en el frente en caso de que los tribunales se pronuncien en este mismo sentido, después de medio siglo de luchas para evitar cualquier tipo de construcciones en la playa.

Domínguez Anadón

José Ángel Domínguez Anadón es uno de los arquitectos que mayor influencia ha tenido en la historia urbanística de Santa Cruz y entre otros cargos fue el director del Plan General aprobado en el año 1992. Dijo que en el caso de Las Teresitas consiguieron que la Junta de Compensación cediera hasta 560.000 metros cuadrados de suelo y 602.000 de dotaciones al ayuntamiento, con el fin de eliminar una volumetría que calificó de "salvaje" en cuanto permitía edificios de hasta 16 plantas. Por todo ello, restó importancia a una posible cesión del 10% de aprovechamientos a la corporación local, en cuanto en realidad se consiguió cerrar un 60% de las mismas.

Seis alturas y un ático

Después de largas y tensas negociaciones se delimitó que los inmuebles no podían tener más de seis alturas y un ático. A instancias de la Fiscalía se puso de nuevo sobre la mesa la obligación de dotar una parcela de uso educativo, lo que jamás se hizo. Anadón sostenía que se estaba ante una modificación del plan parcial, mientras que Farnés presentó el decreto de aprobación en el que se ratificaba que en realidad era una revisión. Las diferencias en ambos casos son sustantivas y claves para la interpretación final.