A mediados de octubre de 2016 se celebra en la ciudad ecuatoriana de Quito la 3ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, una iniciativa más conocida como Hábitat III. Forma parte de una serie de encuentros internacionales de políticos y técnicos interesados en el futuro del mundo urbanizado y cuyo precedente inmediato fue Hábitat II, que tuvo lugar hace ya diez años en Estambul.
Por primera vez en la historia de la Humanidad, la población que habita en las ciudades ha superado a la rural. Los desafíos urbanos que se están experimentando en estas primeras décadas del nuevo milenio son de tal magnitud que es necesario pensar colectivamente una nueva Agenda Urbana.
El problema más relevante es el que supone la creciente desigualdad y las dificultades para el acceso a bienes básicos para una vida humana digna como son acceso a agua potable, un cobijo adecuado y alimentos suficientes. Más de mil millones de personas viven actualmente en barrios urbanos informales; y dos veces y media esa cantidad no tiene acceso a unas mínimas condiciones sanitarias. A ello se añade el agotamiento progresivo de los recursos básicos, una contaminación creciente y una mayor inseguridad en el espacio público.
Todo ello tiene una relación directa con los procesos de urbanización predominantes, sobre los que se suele disponer de herramientas y criterios de actuación francamente deficientes. A este respecto, algunos consideran que una urbanización adecuada para atender a los ingentes procesos de aglomeración en curso deben basarse en tres cuestiones básicas: una estructura regulatoria adecuada y eficiente, una buena planificación urbana ajustada a las necesidades reales y una sostenibilidad a largo plazo del modelo económico que da soporte a cada espacio territorial urbanizado.
Dentro de ese contexto, en España preocupa mucho el marco jurídico, puesto que se ha generado un sistema legal asfixiante y complejo en torno al urbanismo que dificulta enormemente la aplicación de políticas urbanísticas ágiles para atender las transformaciones que se están produciendo. Y es que la regulación es un factor esencial para el acceso a una inversión adecuada. La ausencia de igualdad, transparencia y las dificultades en la interpretación de las reglas aplicables se transforman así en barreras insalvables para la mayoría.
En segundo lugar, la escasa valoración de contar con unos buenos instrumentos de planificación urbanística es otro factor que contribuye al deterioro general de las ciudades. Algo que incentiva la aparición de la informalidad, la ausencia de servicios esenciales y la generación de ambientes propicios a la inseguridad e insalubridad del espacio.
Por último, el déficit en la consecución de visiones estratégicas a largo plazo y en ideas de anticipación que determinen las oportunidades económicas reales de las regiones conduce a un empobrecimiento progresivo y al decrecimiento en las sociedades urbanizadas.
En Canarias, estos problemas se expresan de una manera muy parecida. Aquí existe un exceso de burocracia que es consecuencia de una legislación urbanística compleja. Apenas se da importancia a la generación de una planificación urbana de calidad y el modelo económico insular no se plantea desde una visión estratégica hacia el futuro, sino simplemente en el aprovechamiento menguante de las oportunidades generadas en el pasado.
Con la celebración próxima de la conferencia Hábitat III en Quito se abre un espacio interesantísimo para el debate sobre las estrategias con las que abordar los procesos urbanizadores futuros. Es preocupante que tanto las instituciones públicas de nuestro país como los arquitectos españoles no tengan una representación acorde con este evento que va a concentrar a varias decenas de políticos y técnicos durante siete días en la capital de Ecuador.
*Arquitecto y profesor de la Universidad Europea de Canarias