La modificación introducida por el Ministerio de Hacienda en el impuesto de sociedades no tiene en cuenta las especificidades fiscales de las Islas. Así lo advirtió ayer la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), que confió en que se trate de una "omisión involuntaria" que pronto sea corregida. De no ser así, alertó la patronal de la provincia de Las Palmas, las empresas del Archipiélago se verán "gravemente" perjudicadas.

El Gobierno central aprobó a finales de septiembre un real decreto que obliga a las empresas que facturen más de 10 millones de euros al año a adelantar a la Agencia Tributaria el 23% de su resultado contable, si este fuese positivo, en los pagos fraccionados de abril, octubre y diciembre. Para el cálculo de este importe -añade la CCE en un comunicado- no se consideran los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF), como la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), la Zona Especial Canaria (ZEC) o la bonificación a la producción de bienes corporales producidos en la Comunidad Autónoma.

De esta manera, aunque el exceso de recaudación tendrá que ser devuelto tras la declaración del impuesto, la Agencia Tributaria dispone de un plazo de hasta seis meses para reintegrarlo, por lo que estas devoluciones pueden no producirse, en algunos casos, hasta comienzos de 2018.

Además del "fuerte quebranto" ocasionado a los empresarios, esta situación puede dañar, a juicio de la organización, los objetivos de internacionalización de la economía isleña, puesto que las inversiones extranjeras acogidas a la ZEC deberán "soportar" pagos a cuenta del 23%, cuando el tipo vigente es del 4%. El resultado será, indica la confederación, una "inseguridad jurídica" que tendrá efectos negativos sobre la confianza exterior en el marco normativo de la Comunidad Autónoma.

La CCE solicitó ayer "la máxima colaboración de todos los estamentos y representantes públicos para reconducir la grave situación generada, que puede comprometer seriamente la solvencia económica de un buen número de empresas establecidas en las Islas".

Por su parte, el secretario general de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, definió la medida como "un ataque a la liquidez de las empresas en favor de la del Estado". En declaraciones a Radio El Día, sostuvo que se pide "un exceso de esfuerzo" a los empresarios del Archipiélago, al tiempo que criticó al Gobierno canario por no abordar este asunto en las negociaciones con el Ejecutivo central.

La medida adoptada por Hacienda se prolongará, en principio, hasta 2018, y afectará a unas 9.000 empresas en toda España con el objetivo de ingresar unos 8.000 millones de euros.